La Contraloría General de la República detectó en el informe N° 1.048 que, al 31 de mayo de 2019, ha habido nulos avances en las 21 medidas del Plan de adaptación al cambio climático programadas entre 2013 y 2018 para las carteras de Agricultura y Medio Ambiente.
Entre las disposiciones, la Contraloría ordenó a la Subsecretaría de Agricultura formalizar un instructivo con la implementación financiera para ejecutar este plan. También tendrá que informar y acreditar la implementación de elementos mínimos que se requieren en el sistema de información para enfrentar este fenómeno, como medidas de adaptación, por época del año; requerimiento de mercado en relación a la huella de carbono y al agua, entre otras.
Respecto de la Subsecretaría de Medio Ambiente deberá crear medidas para el control y seguimiento del Plan de Cambio Climático en el Sector Silvoagropecuario y de otros planes sectoriales relacionadas con el tema. Para eso deberá comunicarles a las entidades responsables los criterios, lineamientos y mecanismos de monitoreo, reporte y verificación del cumplimiento de las medidas de esos planes.
En tanto, Indap deberá incorporar la variable de este fenómeno en el proceso de postulación y otorgamiento de créditos que ofrece esta entidad. Además, deberá impulsar en los calendarios de siembra para minimizar los riesgos por esta causa y fomentar el uso de sistemas de cultivo para la reducción del estrés térmico, entre otras medidas.
En el caso de Conaf, deberá presentar convenios de colaboración que respalden las actividades de apoyo al Instituto Forestal, dependiente del Ministerio de Agricultura, sobre la disponibilidad de predios forestales propios o externos, uso de viveros y otros recursos para el desarrollo de investigación, ensayo y monitoreo.
La auditoría abarcó, además de los ministerios mencionados, a otras cuatro instituciones: Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), Conaf, Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias.
Para estas instituciones se dio un plazo de información a la Contraloría de 60 días hábiles.
