Luego de que el 8 de septiembre pasado el fiscal Marcelo Carrasco y la PDI llegaran al Ministerio de Salud (Minsal) a incautar correos de autoridades por el manejo de la pandemia y el organismo le negara la información, el Ministerio Público volvió a la carga. Lo hizo tras la resolución de la Corte Suprema del 15 de octubre de 2020, que en fallo dividido (3-2) decidió que el organismo podía acceder a los e-mails en forma parcial, dejando afuera los que afectaran la seguridad pública.
La fiscalía pidió específicamente las comunicaciones del exministro de Salud Jaime Mañalich, de su exjefa de gabinete, Itziar Linazasoro, y de la subsecretaria de Salud, Paula Daza, en el marco de una investigación penal por presunta diseminación imprudente de gérmenes patógenos en la pandemia. La causa comenzó luego de que el senador Alejandro Navarro y la Comisión Chilena de Derechos Humanos se querellaran contra Mañalich y el Presidente Sebastián Piñera, entre otras autoridades. Luego también se querelló el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.
Así, el 20 de noviembre pasado Carrasco envió dos instrucciones particulares: una al jefe de Laboratorio de Criminalista Central y otra al comisario del Cibercrimen, Danic Maldonado.
“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, 79 y 180 y otros del Código Procesal Penal (…) solicito a usted arbitre la práctica de las siguientes diligencias: Concurrir el lunes 23 de noviembre a las 10.00 horas al inmueble ubicado en calle Amunátegui Nº 20 comuna de Santiago a objeto de ejecutar resolución judicial dictada en esta causa por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago con fecha 8 de septiembre pasado”, dicen los documentos.
Según fuentes del caso, ayer se inició la pesquisa y hoy la PDI finalizó la diligencia requerida por el fiscal Carrasco, con lo que se concretó el retiro de información.
Desde Entel señalaron que “hoy finalizó la ejecución de la orden judicial emanada del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y las respectivas resoluciones de la Excma. Corte Suprema, para la incautación de correos institucionales de un grupo específico de usuarios, para el período comprendido entre el 1 de febrero de 2020 hasta la fecha en que se materializó la diligencia, alojados en servidores de Entel que prestan servicio al Ministerio de Salud”.
Agregaron que “en virtud de lo anterior, luego de un minucioso y exhaustivo proceso técnico de recuperación que se prolongó por cerca de 15 días, con fecha de hoy Entel ha hecho entrega a la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte y al Ministerio de Salud, de los soportes tecnológicos que contienen los correos electrónicos”.
Ahora, tal como lo determinó el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el Ministerio Público deberá conservar la copia A “en calidad de comunicaciones retenidas (…) como ‘copia testigo’, bajo cadena de custodia y sin poder acceder a ella”. Y la copia B será entregada al ministro de Salud Enrique Paris. Una vez que este último reciba los correos, tiene tres días para hacer la selección y entregársela a la fiscalía.
