El rol de las policías, especialmente de Carabineros, durante la crisis social ha sido fuerte cuestionado. Por lo mismo, se aceleró y profundizó una reforma a la institución uniformada, la que contempla cambios de fondo respecto de la formación de los funcionarios policiales, como también la adaptación de sus protocolos de uso de la fuerza.
La lupa en las actuaciones policiales trajo algunos ruidos internos en parte de los carabineros de más bajo rango, quienes piden una mayor protección a la labor de los uniformados. Es por eso que el gobierno ingresó un proyecto de ley que busca resguardar las actuaciones de la policía, Gendarmería y las Fuerzas Armadas (FF.AA).
La iniciativa está en el Senado, cuenta con “discusión inmediata” y ayer la Comisión de Seguridad del Senado invitó a exponer al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien asumió el 19 de noviembre, luego de la salida del general (R) Mario Rozas.
Yáñez expuso sobre la necesidad de contar con el proyecto de ley y así resguardar la labor policial de Carabineros, aumentando las sanciones para quienes agredan a los uniformados. Sin embargo, no solo habló de lo necesario en avanzar en esa materia, sino que también abordó los procesos judiciales que se siguen contra los policías y cómo estos repercuten en las remuneraciones del funcionario.
El general director comenzó abordando la materia desde el punto de vista del rol de las instituciones de orden. “Lo que necesitamos hoy día son normas legales que apoyen claramente la labor del personal de Carabineros o de la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería, de tal forma que cuando sean atacados, lesionados gravemente o agredidos y deban usar los medios que el estado les ha proporcionado para poder cumplir con su función, tanto para la defensa propia, de un tercero o del restablecimiento del orden público, no terminen siendo imputados como autores de delitos o como un peligro para la sociedad que juraron defender con sus vidas”, señaló.
Enseguida, el alto oficial expuso que “la verdad es que en el último tiempo, y por eso es tan pertinente que se legisle al respecto, pareciera que cada vez que los carabineros han tenido que intervenir en el ejercicio de sus funciones, estos terminan siendo imputados, formalizados, y muchos de ellos terminan con cautelares. Solamente señalar que cuando les imponen la medida de arresto domiciliario a un carabinero, el carabinero pierde su sueldo, queda sin percibir sus remuneraciones y su grupo familiar queda absolutamente desprovisto del sustento que tiene que entregar. Es tan necesario que se legisle al respecto, que esto va a permitir que los carabineros puedan ejercer de mejor forma su trabajo”.
Esta intervención ha circulado en las últimas horas entre grupos de oficiales y suboficiales. Fuentes consultadas indicaron que toman estas palabras como una señal positiva hacia “la tropa”, pues consideran que durante el estallido social se les dejó solos ante las situaciones legales que enfrentaban. De hecho, el saliente general director Mario Rozas, poco antes de dejar su puesto, había iniciado una campaña interna para reforzar la moral al interior de la institución.
Los casos
Según antecedentes de la institución, actualmente hay 31 funcionarios que están con prisión preventiva o arresto domiciliario total, que no pueden trabajar y están sin sueldo. La legislación actual contempla que como el carabinero no está trabajando -pues está cumpliendo una cautelar sin poder salir a trabajar- no debe ser remunerado.
El último caso de connotación ocurrió el 20 de noviembre, cuando el sargento segundo John Mograve quedó en prisión preventiva luego de ser formalizado por disparar en un centro del Sename en Talcahuano, mientras, dice su defensa, era atacado por los menores. Producto de este hecho, dos adolescentes quedaron con heridas a bala. Este caso fue el que terminó costándole el puesto a Mario Rozas.
Cobertura para lesiones
El general Yáñez, además, también hizo otra sugerencia para avanzar en el proyecto de ley. Ahora, respecto de los carabineros que sufren graves lesiones cuando están en labores de orden público y quedan con serios riesgos para la salud. En ese sentido, el general director manifestó que “cuando un funcionario resulta lesionado con alguna invalidez para volver a trabajar, efectivamente se abre una pensión de invalidez, pero muchas veces resulta insuficiente para los costos que están asociados a enfermedad o secuelas”.
El alto oficial, agregó que “nosotros creemos que de alguna forma el Estado debiera hacerse cargo de estos casos que son excepcionales, donde esta persona debiera quedar cubierta para su tratamiento de por vida”.
