Continúan las críticas por el polémico convenio firmado entre el Gobierno y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que busca que este último realice un trabajo de acompañamiento técnico del proceso constituyente en Chile.
Esta vez, el abogado y precandidato a la Convención Constitucional (DC), Jorge Cash Sáez, solicitó al contralor general de la República, Jorge Bermúdez, pronunciarse respecto a la legalidad del denominado “Acuerdo de acompañamiento técnico del proceso constitucional de Chile”, suscrito el pasado de 26 de noviembre en París, Francia, entre el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand y el Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría.
El pasado 3 de diciembre, a pocos minutos de informado públicamente el Acuerdo firmado por el ministro Allamand, surgieron las primeras críticas de algunos de los personeros de oposición, seguidas de las explicaciones del vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, y del propio Andrés Allamand.
El vocero dijo que “me resulta sorpresivo que haya quienes critiquen que la OCDE, dada la experiencia que tiene en documentación, en información, en los análisis comparativos de las mismas constituciones”. Junto con ello, aseguró que “no hay ni un atisbo de querer influir en el contenido” de la nueva Carta Fundamental.
En tanto, el canciller señaló que “francamente, yo no logro entender cuál es la crítica, si en definitiva lo que vamos a hacer es poner a disposición, insisto, de los convencionales y en general de las fuerzas políticas, de las fuerzas ciudadanas que participan en este proceso, la visión que se tiene desde una de las organizaciones de mayor prestigio desde el punto de vista de las distintas políticas públicas”.
Sin embargo, la controversia respecto al alcance de la asesoría que proporcionará la OCDE en el proceso constituyente cobró nuevamente vigencia tras conocerse la presentación de Cash.
En el escrito, Cash afirma que “se conceden facultades de carácter intrusivas a la OCDE en nuestro ordenamiento interno, “cuyo contorno jurídico y político no es de fácil de delimitación”.
Sobre el particular, señaló que “no es compatible la valoración personal que hace el canciller para fundamentar el acuerdo”, tales como que “las constituciones europeas son las que consagran de mejor manera lo derechos de las personas y particularmente los derechos sociales”.
Cabe señalar, que al referirse a las materias en que incidirá la OCDE, Allamand ha precisado que asesorará en temas como régimen político, donde deberá resolverse si se mantendrá el régimen presidencial o avanzará a otra forma política; los derechos sociales, materias medioambientales, entre otros.
En la presentación Cash afirma que el acuerdo “restringe y limita el ejercicio pleno de la soberanía por los Convencionales democráticamente electos que conformarán la Convencional Constitucional.
