Fue tenso y prolongado el debate en torno a la Ley de Reajuste al Sector Público. Se extendió por casi dos semanas de tramitación en el Congreso, las cuales no solo fueron seguidas por las autoridades del Ministerio de Hacienda y las asociaciones gremiales de las entidades públicas, sino también por Carabineros. Y no precisamente por protestas y temas de seguridad.
En la iniciativa impulsada por el gobierno, el Ejecutivo ingresó un punto que involucraba a las policías, especialmente en relación a los cuestionamientos a la labor policial y la judicialización de sus funciones operativas en tareas de orden público, sobre todo tras el 18/O.
Se trata del artículo 79 del proyecto, aprobado el 29 de diciembre por el Congreso: “La Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile podrá contratar seguros de defensa jurídica con motivo del desempeño de las funciones del personal con cargo al patrimonio señalado en el artículo 2 de esta ley (Estatuto de Bienestar). Los referidos seguros se contratarán respecto del personal que se encuentre en servicio activo y su vigencia podrá extenderse incluso después de dicho período en las condiciones que se establezcan en la respectiva póliza”.
Actualmente, los funcionarios de Carabineros que enfrentan un proceso penal son asesorados por abogados de la Dirección Jurídica de la policía uniformada. Sin embargo, desde que aumentaron los procesos judiciales contra los policías y altos mandos por su actuación en situaciones de orden público, estos costean sus propios defensores. Aunque también hay casos en que es la Defensoría Penal Pública (DPP) quien los representa.
Por ejemplo, lo que ocurrió con el sargento John Mograve, el carabinero que el 18 de noviembre disparó e hirió a un menor en un centro del Sename, en Talcahuano, y que hoy es defendido por la Defensoría Penal.
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, explicó a La Tercera el objetivo de la medida y cómo comenzará a diseñarse, una vez que la Ley de Reajuste se publique en el Diario Oficial.
“El carabinero, cuando sale a la calle, se expone a tres riesgos: el riesgo de vida, que está cubierto por el sistema de prevenciones de la institución y además con un seguro que paga en la Mutual de Carabineros; la posibilidad de quedar gravemente herido o enfermo, producto de su trabajo, pero que puede atenderse en el Hospital de Carabineros y optar a una pensión de invalidez; y el tercer riesgo es ser acusado y ser objeto de una acción jurídica, penal o civil, por el trabajo que hace a nivel operativo, y eso no está cubierto”, dijo Galli.
El subsecretario advirtió que este seguro no tiene un cargo extra para el Fisco, sino que es una prestación que contratará la Dirección de Bienestar de Carabineros, con recursos del propio funcionario. Este beneficio será voluntario y pasará por un proceso de licitación público.
Galli agregó: “Probablemente, esto tome las experiencias de la Defensoría Penal Pública, en cuanto a que estos muchas veces licitan algunas defensas de abogados particulares. Hay una preocupación del gobierno para darles las condiciones de trabajo necesarias a todos los policías cuando salen a resguardar la seguridad de todos los chilenos”.
Reacciones
El senador PPD Felipe Harboe valoró la medida, pero sugiere tomar algunas prevenciones. “Parece adecuado para casos donde se persigue penalmente a funcionarios por actos del servicio, pero esto obviamente debe excluir violaciones de derechos humanos y delitos de probidad”, dijo.
En tanto, el diputado RN Gonzalo Fuenzalida manifestó que “los carabineros que se ven enfrentados a una situación judicial, tienen que buscar recursos de privados para financiar su defensa. Además, muchas veces los policías prefieren salirse de la institución, porque no tienen con qué pagar un abogado que los ayude”.
