La Contraloría General de la República emitió su informe final sobre la auditoría a la segunda etapa de la iniciativa presidencial de “Alimentos para Chile”, realizada en la Intendencia Regional de Tarapacá en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID 19, la cual contó con un gasto de mil 660 millones 750 mil pesos, con el objetivo de dar cobertura a lo menos a un 45,57% de los hogares más vulnerables y de clase media de las 7 comunas de la región.
La auditoría que tuvo como finalidad fiscalizar el correcto uso de los recursos involucrados, dio cuenta de diversas irregularidades en la segunda etapa de entrega de cajas de alimentos en Tarapacá, que van desde cajas duplicadas y multas no cobradas, hasta canastas entregadas a cientos de funcionarios del Estado o de municipios.
En el informe, la Contraloría indicó que “se verificó que se entregaron, a lo menos, 952 canastas de alimentos a personas con vínculo laboral con la Administración del Estado, respecto los cuales no se acreditó el cumplimiento de los requisitos dispuestos en los convenios de colaboración suscritos con las entidades edilicias”.
En el detalle del listado se evidencia que estas 952 cajas de alimentos fueron entregadas a funcionarios públicos de las diferentes municipalidades de la región e incluso figuran trabajadores de municipalidades de otras regiones, además de funcionarios de Carabineros de Chile, de la Armada de Chile, del Ejercito y diversos servicios públicos como el servicio nacional de menores, el servicio de Impuestos Internos, entre otros.
Además, la Contraloría indicó que de acuerdo a la información aportada por los municipios de la región, se entregaron a lo menos 274 cajas de manera duplicada y se verificó la rebaja en una multa aplicada por no cumplimiento de las fechas estipuladas para la entrega de las canastas, correspondiente a 22 millones 222 mil 378 pesos.
Por todo lo anterior, la Contraloría Regional informó que iniciará un sumario administrativo a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas en los hechos y agregó que la autoridad pertinente debe adoptar las medidas pertinentes que en cada caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas.
