La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DD.HH. sacó a relucir las represalias que toma el Ejecutivo de Nicolás Maduro contra aquellos que se atreven a colaborar con organismos internacionales. La cancillería del país calificó las declaraciones como “desbalanceadas” y “sesgadas”.
Este jueves, Venezuela anunció que someterá a revisión su relación con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), tras calificar de “desbalanceado” y cargado de “afirmaciones sesgadas” el informe presentado por la directora del organismo, Michelle Bachelet.
La Cancillería venezolana informó a través de un comunicado que “el Gobierno someterá a revisión la relación con la Oficina (…) y la próxima renovación” de la carta de compromiso que suscribieron ambas partes en 2019 y que fue renovada este año.
La ex presidenta dijo este jueves que el espacio cívico y democrático se sigue reduciendo en Venezuela y le pidió a Nicolás Maduro que revierta esta situación, de cara a las elecciones de gobernadores previstas para este 2021.
“Es muy preocupante que la alta comisionada ceda ante la presión de actores antivenezolanos y realice afirmaciones sesgadas y alejadas de la verdad, haciéndose eco de campañas mediáticas y presentando especulaciones ideologizadas como hechos”, se indica en el comunicado oficial venezolano.
Informe de Bachelet
La molestia del régimen liderado por Nicolás Maduro se originó luego de la presentación oral sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde Bachelet sacó a relucir las represalias que toma el Ejecutivo del mandatario contra aquellos que se atreven a colaborar con organismos internacionales.
“Al día de hoy, cinco activistas siguen con cargos relacionados con terrorismo y blanqueo de dinero por haber prestado asistencia humanitaria como parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas”, reveló la ex presidenta.
La alta comisionada también aportó datos adicionales sobre las múltiples violaciones que ocurren en el país, entre ellas 66 casos documentados de intimidación, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, activistas, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición.
