El anuncio fue realizado este lunes por el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, quien aclaró que se trata de proposiciones acusatorias distintas al caso “golpe de Estado” por el que Áñez fue apresada el viernes pasado.
De acuerdo a la Agencia Boliviana de Información (medio estatal), los cuatro procesos que se pretende abrir se enmarcarán en la figura legal de juicio de responsabilidades dado que están relacionados con acciones realizadas por la expresidenta y sus exministros durante su paso por el gobierno.
Áñez ejerció la primera magistratura del país desde el 12 de noviembre de 2019 hasta el 8 de noviembre de 2020, cuando asumió el mandato Luis Arce Catacora, exministro y líder del partido de Evo Morales.
La expresidenta ha sido acusada los delitos de sedición, conspiración y terrorismo en un proceso que se lleva a cabo en tribunales ordinarios.
Morales renunció a la presidencia en noviembre de 2019, dos días antes de que Áñez asumiera el poder, tras semanas de protestas callejeras, un amotinamiento policial y el pedido de dimisión por parte de la cúpula militar.
El evismo calificó a lo sucedido como un “golpe de Estado”.
Los nuevos juicios
Los juicios de responsabilidades que pretende abrir el gobierno de Bolivia contra Áñez están relacionados con el endeudamiento internacional asumido por su administración y por presuntos delitos de conducta antieconómica y uso indebido de influencias en una licitación pública.
Los otros dos procesos promovidos por el ministerio de Justicia tienen que ver con el caso de los residentes bolivianos en Chile que no fueron autorizados a volver a su país durante semanas y un decreto supremo emitido por Áñez en los primeros días de la pandemia que es señalado por haber restringido la libertad de expresión.
Las cuatro proposiciones de juicio de responsabilidades fueron entregadas por el gobierno a la Fiscalía General del Estado.
El ministerio de Justicia anticipó que “en las siguientes semanas” se presentará otra acción legal contra la exmandataria, sus colaboradores, militares y policías por las “masacres sangrientas” ocurridas a finales de 2019, en referencia a las más de 30 muertes en las poblaciones rurales de Senkata y Sacaba.
Áñez dijo que los procesos anunciados en su contra son persecución política y calificó de “dictatorial” al gobierno de Luis Arce Catacora.
Por su parte, Carolina Ribera, hija de la expresidenta, indicó que los juicios en contra de su madre son parte de una venganza ordenada por Evo Morales.
Además de la exmandataria, los exministros de Justicia Álvaro Coímbra y de Energía Rodrigo Guzmán también fueron enviados a prisión de manera preventiva.
Las detenciones ocurridas la anterior semana fueron cuestionadas por organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch debido a indicios de falta de debido proceso e independencia judicial frente al poder político vigente.
