Por 103 votos a favor, 3 en contra y 14 abstenciones, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó crear una Comisión investigadora por la compra de canastas de alimentos durante la crisis sanitaria en el marco del plan “Alimentos para Chile”.
El documento que faculta la creación de esta Comisión especifica que será la “encargada de recabar antecedentes y de fiscalizar las actuaciones de las autoridades de gobierno y organismos del Estado involucrados en la compra de canastas de alimentos y la constitución de empresas para esos fines, durante la crisis sanitario del año 2020 y 2021, en el marco del programa Alimentos Para Chile, con el objetivo de establecer las responsabilidades que corresponda ante el pago de sobreprecio en la obtención de estas o eventuales irregularidades en la adjudicación de las mismas”.
La iniciativa surgió a partir de antecedentes expuestos por el contralor de la República, Jorge Bermúdez, ante la Comisión de Economía de la Cámara, con respecto a sobreprecios en la compra en distintas regiones del país.
En los resultados generales, la Intendencia Regional de Tarapacá fue la que pagó el mayor sobreprecio por las canastas familiares, ya que los valores de las cajas superaron en un 44,3% el precio establecido.
De acuerdo al informe, a nivel nacional en 15 de las 16 regiones se pagó un mayor valor al precio establecido, siendo el promedio $29.854.
En Tarapacá, el valor promedio por canasta fue de $51.524, en circunstancias que los alimentos podrían haberse adquirido a $28.693 como menor valor promedio.
En la región de Antofagasta, el desembolso fue de $41.643, pero la alternativa más barata era de $26.783. Arica, en tanto, pagó un 27,5% de sobreprecio.
El período examinado por la Contraloría fue del 18 de mayo al 30 de junio de 2020, que corresponde a la primera ejecución del programa de canastas familiares.
Las irregularidades de ese proceso fueron denunciados a través de un reportaje de Radio Paulina publicado el 18 de junio del año pasado. A fines de julio la Contraloría Regional de Tarapacá declaró ilegales las adquisiciones.
