Tras una audiencia de formalización que duro más de 15 horas, el Juzgado de Garantía de Iquique determinó que solo 1 de los 17 detenidos ayer, formalizados por desmanes durante el estallido social, quedará con la medida cautelar de prisión preventiva.
En la audiencia de formalización realizada desde el jueves y hasta altas horas de la madrugada de este viernes, el fiscal de foco a cargo del caso, Maximiliano Mariángel, formalizó 27 hechos delictivos en los que habrían participado los imputados, solicitando la prisión preventiva para siete de los detenidos.
El Ministerio Público les imputó los delitos de infracción a la “Ley Antibarricadas”, daños a la propiedad, atentado a la autoridad, infracción a la Ley de Control de Armas y asociación ilícita. Lo anterior por el lanzamiento y fabricación de bombas molotov, desórdenes públicos y bloqueos de calles con objetos contundentes, de acuerdo a la versión de la Fiscalía de Iquique.
Sin embargo, el tribunal determinó que solo uno de los casos cumplía con las condiciones para decretarse la prisión preventiva, en tanto, los demás quedaron bajo diversas medidas cautelares de menor grado.
“El tribunal otorgó la prisión preventiva de quien operaba como líder de la organización, estableciendo que además era autor inductor del lanzamiento de dos bombas molotov, ya que si bien él no tiró las bombas, si indujo a jóvenes menores de edad a lanzarlas sobre un banco que había en el lugar”, indicó el fiscal Mariángel.
Cinco de los detenidos quedaron con arresto domiciliario total. Sin embargo, la Fiscalía apeló a la determinación del tribunal, por lo cual deberán esperar en libertad la resolución de la Corte de Apelaciones de Iquique.
Otros 9 detenidos quedaron con cautelares de menor intensidad, como arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de participar en marchas violentas.
En tanto, el caso de un brigadista que participaba prestando ayuda médica a los lesionados en las manifestaciones del estallido social en Iquique, quedó en total libertad y sin ninguna medida cautelar, por lo que su defensa deberá pedir el sobreseimiento.
Respecto a un menor de edad que era parte del grupo de detenidos, el Tribunal desestimó su participación en la supuesta “asociación ilícita” que se formó para cometer los delitos que acusa la Fiscalía.
