Ayer el Consejo de Defensa del Estado informó que el jueves 25 interpuso una querella criminal por el delito de apremios ilegítimos agravados cometidos en contra de dos adultos y cuatro menores de edad, ocurridos en la 43º Comisaría de Peñalolén durante la noche del 20 de octubre de 2019.
La acción penal del CDE se dirige en contra de los funcionarios de Carabineros imputados por su participación en el delito de apremios ilegítimos, en su figura agravada, relacionado con hechos que se cometieron en contra de las víctimas, algunas menores de edad, cuando se encontraban detenidos al interior del recinto policial.
Los carabineros imputados Sebastián González y Juan Leiva, están desde octubre de 2020 con la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que el tercer involucrado, Carlos Fuenzalida mantiene arresto domiciliario, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.
De acuerdo con los antecedentes, las víctimas habrían sufrido agresiones reiteradas de diversa índole por parte de los efectivos imputados, como golpes a mano abierta en el rostro y espalda, golpes con dos manos cruzadas en la cabeza o habrían recibido, de manera intencional, la aplicación de restos de polvo de tipo lacrimógenos provocando la irritación de sus ojos y aparato respiratorio. Lo anterior, encontrándose privados de libertad y en situación de indefensión, bajo custodia.
En cada uno de los hechos, señala en su querella el CDE, los efectivos imputados abusaron gravemente de su deber de funcionarios públicos, verificándose el delito de apremios ilegítimos en su figura agravada.