Aunque parezca increíble tras el escándalo que resultaron los sobreprecios cobrados por las productoras que participaron en la primera entrega de cajas de alimentos realizada en la Región de Tarapacá (a cargo de la Intendencia Regional), nuevamente la Contraloría General de la República detectó sobreprecios en el segundo proceso que llevó adelante la administración del Intendente Miguel Ángel Quezada, esta vez la realizada a través del Gobierno Regional de Tarapacá.
De acuerdo a un documento emitido el pasado 5 de marzo por el órgano contralor y dado a conocer este lunes a través de sus redes sociales, el proceso realizado entre el 1 y el 31 de julio del año pasado también tuvo un cuantioso sobreprecio de más de 282 millones de pesos, por la distribución de 22.680 canastas familiares que se entregaron en las provincias de Iquique y del Tamarugal.
Cabe recordar que en el primer proceso de cajas, dado a conocer a través de un reportaje de Radio Paulina publicado el 18 de junio de 2020, el sobreprecio fue de 232 millones de pesos (leer nota de prensa aquí), según determinó otro informe de investigación de la Contraloría (432-2020).
Ahora, en el Informe Final N°555-2020, la Contraloría Regional señala que en la transferencia de recursos de administración directa que realizó el Gobierno Regional de Tarapacá a la Asociación Cristiana de Jóvenes (presidida por un socio comercial del Intendente Quezada) y a la Asociación de Municipios Rurales (presidida por el alcalde de Pozo Almonte, Richard Godoy), estas últimas cobraron 52.492 pesos por cada caja, en circunstancias que el valor de referencia era de 36.500 y que el costo calculado de los productos realmente distribuidos fluctuó entre 39.982 y 40.153.
A raíz de lo anterior, la Contraloría determinó que, “pudiendo existir responsabilidades de orden penal en esta materia”, los antecedentes fuesen remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, uniéndose a los antecedentes que ya conoce la Fiscalía Local de Iquique por el primer proceso de Cajas para Chile.
En el detalle, este último informe de la Contraloría también indica que no se aplicaron controles mínimos en la entrega de las cajas y que, en el caso de los recursos entregados a la Asociación de Municipios Rurales, la ejecución de uno de los contratos la realizó “un tercero distinto a la empresa contratada”, en una acción similar a la primera entrega de cajas (C&A con Lorena Barrientos). Esto, señaló la Contraloría en su informe, “expone al Gobierno Regional al riesgo de ser susceptible de reclamos frente a eventuales incumplimientos de carácter laboral.
¿Quiénes recibieron y quiénes distribuyeron?
Los más de 1.192 millones de pesos involucrados en este cuestionado proceso se obtuvieron desde el 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de Tarapacá, por lo que la fiscalización a las falencias detectadas por la Contraloría también era tarea del Consejo Regional, organismo que hasta ahora no se ha pronunciado públicamente sobre la materia, pese a que su presidente, Rubén Berríos, está en conocimiento del informe desde principios del mes de marzo.
La investigación de la Contraloría detalla que la Asociación de Municipios Rurales recibió más de 254 millones de pesos de los recursos regionales destinados a las cajas, los cuales entregó a la productora LP Producciones para que realizara la adquisición y entrega de los productos de alimentación y aseo.
Los otros 945.000.000 fueron entregados a la Asociación Cristiana de Jóvenes, organización que reclutó para la distribución de las canastas a las empresas productoras C&A Eventos SPA (“Ciudad Eventos”, que en la primera entrega realizó el trabajo encomendado a la chef Lorena Barrientos), Studio LD SPA y la sociedad V y L Deportes Limitada (“Vigor Deportes”, empresa ya involucrada en el primera entrega de cajas y donde se desempeñó el hermano gemelo del actual candidato a Gobernador Regional y ex consejero regional José Miguel Carvajal, Carlos Carvajal Gallardo, quien posteriormente llegaría al municipio de Pozo Almonte -encabezado por el DC Richard Godoy- como Jefe de Deportes, en reemplazo del involucrado en el Caso Luminarias, Johan Viera).
Junto con enviar los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría indicó que inició un sumario administrativo a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en estos hechos.
A la fecha, la Contraloría ha cuestionado sobreprecios en el proceso de Cajas para Chile en Tarapacá que superan los 514 millones de pesos.
