Indignación se generó el lunes cuando se dio a conocer -en un medio de circulación nacional- la respuesta que entregó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) a la demanda interpuesta por 22 víctimas que sufrieron lesiones oculares a manos de carabineros durante el estallido social de octubre del 2019.
Es por esto que a través de un video, la integrante y vocera de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular y candidata a constituyente por el Distrito 13, Natalia Aravena calificó a la información de “tendenciosa” y aclaró que “el CDE no tiene facultad para rechazar una demanda sino que lo que ellos están haciendo es emitir una opinión. La demanda sigue en curso”.
Los demandantes son personas entre 18 y 34 años, quienes pidieron una indemnización de $380 millones para aquellas personas que perdieron su globo ocular por completo y $340 millones para quienes perdieron gran parte de la visión.
El presidente del CDE, Juan Peribonio, solicitó al 15º Juzgado Civil de Santiago que rechace la demanda y calificó los montos como «desproporcionados».
Asimismo, la entidad respaldó el actuar de Carabineros, argumentando que «actuó correctamente, apegado a sus facultades normativas y con una intensidad ajustada a la proporcionalidad del contexto de ataques de los que los funcionarios de la institución fueron objeto».
Sin embargo, reconocieron que «en algunos casos, la respuesta de las fuerzas policiales no se ha ajustado a derecho y la reacción ha sido desproporcionada y antirreglamentaria».
El martes continuó el revuelo, siendo tema de discusión en programas de radio, redes sociales y publicaciones.
Ante esto el Consejo de Defensa del Estado emitió ayer un comunicado en el cual señala que “es importante precisar que los argumentos de este organismo siempre se enmarcan en un proceso judicial en que cumple con la obligación legal de proteger y defender los recursos públicos”.
Agrega que la función del CDE implica defender ante los tribunales de justicia al Estado y Fisco de Chile frente a demandas indemnizatorias de quienes puedan haber sido afectados por el actuar de funcionarios u organismos públicos, con prescindencia de cualquier consideración que no corresponda al mérito del proceso.
Asimismo, al ponderar los antecedentes, el Consejo no desconoce las eventuales responsabilidades penales que puedan estar investigándose en paralelo, y que él mismo pueda estar persiguiendo en calidad de querellante.
