La comunidad aymara de Chusmiza-Usmagama, de la comuna de Huara, luego que hiciera público su malestar con los problemas en el sistema de Agua Potable Rural (APR) provisto por la Dirección Regional de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, no quedó conforme con la respuesta oficial de las autoridades.
Ésta fue responsabilizar a la comunidad y a sus dirigentes por no acelerar las conexiones domiciliarias del servicio sanitario rural y tampoco nombrar a miembros de la comunidad como operadores de planta para recibir la capacitación de la DOH.
Reclaman que el servicio público debiera acercarse al poblado para solucionar el problema o escuchar las demandas comunitarias.
En concreto, la comunidad de Chusmiza-Usmagama enumeró los problemas que ha presentado el APR: 17 fugas desde su instalación, conexiones a la vista, constantes cortes de agua en el sistema que han dejado a las personas sin agua potable durante semanas.
Y, por último, “cambios en el diseño original del sistema, el cual estaba estéticamente pensado para el entorno de Chusmiza y Usmagama, pero que fue modificado sin consultarnos. Resultando en una instalación más barata y que deja mucho qué desear”.
Al respecto, la comunidad espera el resultado de una auditoría, comprometida el 19 de marzo por el subsecretario de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Villareal, luego de reunirse con ellos en Iquique.
Por dichas deficiencias expuestas, la comunidad se niega a aceptar las obras y a comenzar a hacer las capacitaciones. Previamente, quieren tener la seguridad de que “se nos está entregando una obra en buen estado”. Por eso, exigen realizar una prueba hidráulica con una empresa externa elegida por la propia comunidad, a fin de verificar las válvulas de seguridad y comprobar la presencia de fisuras o pérdidas de agua en el sistema de presión.
Por último, recordaron que estas obras se realizan en el marco del Acuerdo Amistoso firmado entre el Estado de Chile y la comunidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2017, exigido por la institución internacional con el fin de reparar los daños causados a la comunidad indígena por privarlos de sus aguas ancestrales en manos de privados durante décadas.
“Es insólito que dos pueblos que llegaron hasta instancias internacionales exigiendo nuestros derechos de aguas, hoy en día pasen por los mismos problemas y, peor aún, que nos culpen a nosotros por no estar organizados. Nosotros nos hemos organizado durante décadas y lo seguiremos haciendo. Ahora es responsabilidad de las autoridades entregarnos obras de calidad y acorde a los acuerdos firmados”, remarcó la comunidad en su comunicado de prensa.
