El Tribunal Oral en lo Penal de Iquique condenó a 7 años de presidio por el delito de estafas reiteradas a Neysmy Toledo y Gilberto Arredondo, luego que Fiscalía Local de Alto Hospicio acreditara que los acusados engañaron a numerosas familias de dicha localidad a través de comités de vivienda, pidiéndoles dinero con la promesa de que obtendrían una casa.
La sentencia indica que se condena a Neysmy Toledo y Gilberto Arredondo a cumplir cada uno la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, a las medidas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos de representación pública y derechos políticos, y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de una multa a beneficio fiscal de 21 unidades tributarias mensuales como autores del delito reiterado de estafa, cometido entre los años 2014 y 2016, y eximiéndoles del pago de las costas del procedimiento.
El fallo agrega que no se sustituye la pena privativa de libertad impuesta a los enjuiciados Toledo y Arredondo por algunas de las penas sustitutivas contempladas en la ley 18.216, debiendo cumplir aquellas de manera efectiva, la que se contará para Toledo desde el 4 de febrero del 2019 y en el caso de Arredondo desde el 23 de diciembre del 2018, fechas desde las cuales han permanecido privados de libertad de manera ininterrumpida con motivo de la presente causa según consta en la resolución de apertura de este juicio oral.
Cabe recordar que el juicio oral duró 20 días y se presentaron más de 30 víctimas como testigos. El viernes 30 de abril, el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique resolvió por unanimidad condenar por estafas reiteradas a los acusados Neysmy Toledo Riveros y su cónyuge Gilberto Arredondo Zamora, quienes fueron acusados por la Fiscalía de Alto Hospicio por los hechos ocurridos entre los años 2014 y 2016, cuando engañaron a numerosas familias de Alto. Fijándose la lectura de sentencia para hoy jueves 13 de mayo.
En dicha oportunidad la fiscal de Alto Hospicio, a cargo del caso, solicitó para cada uno de los imputados una pena de 15 años de presidio en atención a que se trataba de estafas reiteradas y a la extensión del mal causado, “considerando las múltiples víctimas de estos hechos, la mayoría de ellas con gran vulnerabilidad económica y que incluso, algunas siguen viviendo en campamentos”.
Las estafas realizadas por los acusados fueron a los comités de vivienda “Alto Miramar” y “Un Hogar Digno”, a la Agrupación de Pequeños y Medianos Empresarios “Lo Alto Hospicio”, y a una familia de comerciantes.
En todos estos casos, los acusados habrían realizado una serie de acciones para hacer creer a las víctimas que eran dueños de terrenos en El Boro y en Santa Rosa donde construirían viviendas, y que las personas debían entregarles dinero para obtener una casa, ya sea cancelando cuotas de inscripción, por estacionamientos y urbanización, entre otros cobros. En definitiva, las víctimas habrían tenido un perjuicio total superior a los 26 millones de pesos.
En dicha oportunidad, la acusada Natalia Gutiérrez Carrillo, quien se desempeñaba como secretaria de los acusados, fue absuelta por el tribunal por estimar que no se pudo acreditar en el juicio que tuviera el ánimo de engañar a las víctimas para conseguir dinero de ellas.