Lorena Ñúnez, dirigenta de los condominios sociales Los Olivos II y Parque Oriente de Alto Hospicio, junto a la abogada que les representa, contaron hoy en el programa La Mañana de Paulina, que ayer ingresaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición de medida cautelar en atención a que las familias afectadas por los socavones donde se emplazan sus viviendas, están expuestas a un peligro inminente, irreversible y urgente para lo cual se requiere una solución.
La dirigenta explicó que son más de 8 mil familias las afectadas en la región de Tarapacá por socavones, lo que consta en un catastro realizado por el propio SERVIU. Agregó que nunca se debió construir en Alto Hospicio y que hoy las familias viven un riesgo permanente.
La abogada Jessica Torres, resaltó que es un hito histórico, ya que esta situación ahora se conocerá internacionalmente.
En los argumentos esgrimidos en el escrito presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mencionaron el peligro a la vida, integridad física y psíquica de las personas por el trato indigno que han sufrido y por vivir permanentemente en peligro de vida lo que induce a una disminución de su calidad de vida.
Entre los antecedentes técnicos que adjuntaron, indicaron que “lo más contundente, es que un organismo del Estado como SERNAGEOMIN señale en un de informe 2014 que se requiere trabajar el suelo antes de construir, y el propio gobierno se contradice en el SERVIU, al continuar construyendo sin dar cuenta de aquello”.
La representante legal de los afectados, lamentó que la respuesta del gobierno para superar esta condición de peligro, sea un el Plan Socavones emitido en marzo del 2021 por el ministro de Vivienda, estableciendo un determinado monto para hacer reparaciones formales y que no se incluya el tratamiento de suelos.
La petición a la corte es el desalojo inmediato de las 226 familias con asistencia económica para alojar en otro lugar, intervenir la viviendas y el suelo para construir como corresponde, brindar asistencia psicológica a todas las personas dado el sufrimiento que han vivido, y que no sean revictimizadas con el traslado temporal.
Ya ingresada la petición con todas las formalidades, vendrá el análisis interno que realice la Corte, la cual solicitará informes al Estado de Chile sobre los puntos peligrosos.
