Desde febrero de 2021 se han expulsado del país cientos de migrantes, la última se dio el pasado 25 de abril -desde el aeropuerto de Iquique- donde se realizó una expulsión colectiva, deportando 55 personas procedentes de Venezuela.
En esta línea expertos de la ONU solicitan al Gobierno de Chile detener las expulsiones colectivas de migrantes, ya que estás no pueden realizarse de forma sumaria y que permanezcan detenidas, incomunicados y sin acceso legal.
“Las deportaciones de migrantes no pueden ser efectuadas en forma sumaria, sino que se requiere una determinación individual, caso por caso, de sus necesidades de protección internacional, teniendo en cuenta además las consideraciones humanitarias de arraigo, vínculos familiares u otras que puedan existir”, indicó el Relator Especial sobre derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales.
Además, explica que al no existir una evaluación individual de cada migrante aumenta el riesgo de violar los derechos humanos.
“La ausencia de una evaluación individual de las necesidades de protección y evaluación del riesgo irreparable de cada persona migrante antes de su deportación incrementa el riesgo de nuevas violaciones de derechos humanos, incluyendo la violación del principio de no devolución o non-refoulement“, explicó.
“La detención de personas migrantes solo se justifica excepcionalmente como medida de último recurso y durante el período de tiempo más breve posible, y debe ser compatible con los principios de necesidad y proporcionalidad en función de las circunstancias individuales de cada caso”, explicó el experto de la ONU.
Finalmente, el Relator Especial apunta que hay que garantizar a los migrantes un acceso efectivo a la justicia para efectuar reclamos y que se les permita estar en el país mientras se resuelvan su situación.
