El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica condenó ayer jueves a Paulo Felipe Chacón Vera y Óscar Andrés Lepín Orellana a las penas únicas de 6 años de presidio, en calidad de autores del delito consumado y reiterado de estafa; más 6 años de presidio, como autores del delito de estafa en concurso con el delito consumado y reiterado de uso malicioso de instrumento público falso. Los ilícitos fueron perpetrados entre 2014 y 2017, en la ciudad de Arica.
En fallo unánime el tribunal aplicó, además, a Chacón Vera y Lepín Orellana las medidas accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios de derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas; más el pago de una multa de 21 UTM ($1.087.758 aprox.) cada uno.
En tanto, Luis Antonio Ríos González, Susana Denisse Vergara Valenzuela y Gregorio Rafael Pulgar Castañeda deberán cumplir las penas únicas de 5 años y un día de presidio, medidas accesorias legales y el pago de una multa de 12 UTM ($621.576 aprox.) cada uno, como autores del delito consumado y reiterado de estafa; más 5 años y un día de presidio por estafa en concurso con el delito de uso malicioso de instrumento público falso.
En el caso del acusado Luis Adolfo Rodríguez Astorga deberá cumplir 3 años y un día de libertad vigilada intensiva, accesorias legales y el pago de una multa de 12 UTM, como cómplice de los delitos de estafas reiteradas.
El fallo consigna que, la pena será diferenciada entre los acusados, dado que Chacón y Lepín, construyen una pequeña organización donde se suman Luis Ríos, Susana Vergara y Gregorio Pulgar, como brazos operativos, pero manteniendo el control de los flujos de dinero que entraban por lo que son los beneficiados en un mayor porcentaje con los actos defraudatorios.
En el aspecto civil, el tribunal acogió las demandas deducidas y ordenó a todos los condenados pagar la suma total de $83.245.000, por concepto de daño emergente, a las víctimas; más $22.000.000 que deberán pagar sólo Chacón Vera, Lepín Orellana y Ríos González.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de los sentenciados para determinar sus respectivas huellas genéticas e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.
Fiscalía Local de Arica
A lo largo de este juicio oral, que partió el 22 de diciembre de 2020, la Fiscalía Local de Arica, a través de Unidad de Alta Complejidad, presentó un total de 280 testigos, de los cuales 111 fueron víctimas, en el marco de una investigación dirigida por el fiscal Daniel Valenzuela, quien trabajó junto a la Policía de Investigaciones (PDI).
La indagatoria estableció un monto defraudado total que suma cerca de mil 500 millones de pesos, considerando que hubo víctimas que cancelaron desde los 2 millones hasta los 65 millones de pesos por viviendas que les fueron ofrecidas por los acusados a un menor precio de mercado, pero que jamás le fueron entregadas.
De acuerdo a la investigación, a partir del año 2014 la organización comenzó a ofrecer inmuebles de la ciudad de Arica que supuestamente se encontraban en proceso de remate en el marco de una causa radicada en el Segundo Juzgado Civil de Santiago. En ese contexto, sus integrantes simularon realizar las gestiones legales en la capital a fin de adjudicarse las propiedades.
Así, se ofrecía a las víctimas adquirir el inmueble en el remate a un menor valor del precio comercial con la condición que se debía cancelar anticipadamente el 50 por ciento del precio para reservar la casa y el resto una vez entregada. Paralelamente, los acusados se dedicaban a captar personas para ofrecerles las propiedades en remate.
De esta forma, se ofreció el negocio a varias personas que cancelaron millonarias sumas con el objetivo de adjudicarse una propiedad; sin embargo, jamás recibieron los inmuebles. Asimismo, la indagatoria estableció que los acusados exhibían a los afectados actas de adjudicación falsificadas.
“De los acusados y condenados, cinco de ellos tendrán que cumplir penas efectivas. Creemos que es un buen resultado, considerando que las víctimas fueron despojadas de sus ahorros a través de engaños. Esperamos que esta sentencia ayude a reparar, en parte, el gran daño que se les causó económicamente a las víctimas”, explicó el fiscal Valenzuela.
