La mesa interinstitucional de contrabando integrada por servicios fiscalizadores y policías de la región se dieron cita para reforzar las coordinaciones para el control del ingreso clandestino de productos agropecuarios
En la actividad, encabezada por el seremi de Agricultura, Fernando Chiffelle, y el director regional del SAG, Alfredo Fröhlich, participaron además representantes de la Unidad de Alimento de la seremi de Salud, Dirección Regional de Aduanas, Carabineros y Policía de Investigaciones.
En la ocasión se abordaron los brotes de enfermedades aviares en países vecinos, y que revisten una amenaza dada la introducción clandestina de huevos de gallina. Estos productos pecuarios en su internación por pasos no habilitados a la región, no cumplen con regulaciones zoosanitarias, poniendo no sólo en riesgo a las pequeñas avícolas de la zona, sino que también la salud de las personas.
“Nuestro propósito es reactivar estas coordinaciones y redoblar los esfuerzos con el propósito de aumentar nuestra capacidad de fiscalización, control, decomiso y posterior persecución legal de aquellas personas que incurren en los delitos de contrabando y propagación de plagas o enfermedades”, aseveró el seremi de Agricultura.
En este sentido, Fröhlich indicó que entre enero y marzo de 2021, gracias al trabajo conjunto que se realiza al alero de la mesa de ingreso clandestino se han logrado interceptar más de 12 toneladas de productos agropecuarios de riesgo para la sanidad vegetal y animal. Además, de animales vivos como perros de raza y ejemplares protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
“Nuestra intención es reforzar este trabajo, porque sabemos de nuestra permeabilidad fronteriza, y que quienes cometen este ilícito permanentemente están buscando nuevas formas de burlar los controles, así como nuevas formas de comercializar sus productos. Es por ello que una vez más llamamos a la comunidad a no adquirir alimentos de dudosa procedencia, pues no sólo impacta el patrimonio fito y zoosanitario, sino que también pone en riesgo la salud pública, ya que se desconoce si esos productos son portadores de plagas o enfermedades transmisibles a las personas”, sentenció el director regional del SAG.
