El sábado 02 de junio de 1990, el magistrado Nelson Muñoz, del Juzgado de Pozo Almonte, se constituyó en el Cementerio de Pisagua acompañado de un antropólogo, un arqueólogo, un ingeniero químico, funcionarios del tribunal, excavadores y testigos. Después de algunas horas de trabajo, las diligencias dieron fruto con el hallazgo de una fosa común en el sector nor-poniente del recinto.
La investigación judicial se había originado en una denuncia por inhumación ilegal presentada por la Vicaría de la Solidaridad dos días antes, basada en información proporcionada por testigos de las ejecuciones realizadas en el Campamento de Prisioneros de Pisagua tras el golpe de Estado.
En la fosa fueron encontrados veinte cuerpos, que se habían mantenido durante 17 años en un buen estado de conservación, incluso con parte de sus vestimentas y con vendas sobre los ojos, por efecto de la sal que impregna la arena del sector. Los fallecidos corresponden a prisioneros de guerra ejecutados en el marco de la ley de fuga, así como condenados a muerte en diversos Consejos de Guerra, hechos ocurridos entre septiembre de 1973 y febrero de 1974.
Existe constancia de la ejecución de al menos otras diez personas en el Campamento de Pisagua, cuyos cuerpos no se encontraban en esta fosa ni fueron hallados en las búsquedas que se realizaron más tarde en todo el recinto.
La causa judicial iniciada en el Juzgado de Pozo Almonte quedó a cargo de un ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Arica, quien llevó a cabo la identificación de los cuerpos. Luego, la Justicia Militar solicitó la incompetencia de la Corte, y la causa pasó al Séptimo Juzgado Militar de Arica, que aplicó la ley de amnistía en 1992. La Vicaría de la Solidaridad apeló esta decisión, que sin embargo fue ratificada por la Corte Suprema.
El hallazgo de la fosa común de Pisagua, registrado apenas un par de meses después de que el general Augusto Pinochet dejara el poder, marcó para muchos un hito que permitió comenzar a develar para el público masivo lo que las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos llevaban años señalando. Se comenzaba poco a poco a conocer masivamente la verdad sobre las desapariciones forzadas en el país, tantas veces negadas por la dictadura. Comenzaban a develarse así las acciones de ocultamiento de cuerpos de los prisioneros políticos ejecutados bajo la figura de la ley de fuga o condenados a muerte en el marco de Consejos de Guerra, cuyos cuerpos nunca fueron entregados a sus familias, quienes sólo recibían un certificado de defunción.
Para recordar este hecho, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos invita a ver el documental “Huellas de sal”, realizado por el Grupo Proceso y dirigido por Andrés Vargas en 1990, que da cuenta del trabajo por la memoria de los familiares de detenidos desaparecidos, y su incesante búsqueda en la zona norte del país.
Pueden ver el documental en este link: https://conectadosconlamemoria.cl/series-y-peliculas/huellas-de-sal/
