Después de 15 meses en prisión preventiva, el imputado de iniciales K.S.G.P. recuperó su libertad, luego de que el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta lo absolviera del delito de homicidio frustrado contra un carabinero durante el estallido social y por el cual el Ministerio Público pedía una pena de 10 años de presidio.
El defensor penal público Maximiliano González aportó contundentes evidencias, entre las que destacan las declaraciones de los peritos Francisco Ros (balístico), Mario Carvajal (psicólogo) y Roberto Bugueño (criminalista). Todas ellas, en su conjunto, generaron una duda razonable en los jueces, quienes señalaron que el órgano persecutor no revisó teorías alternativas que permitieran aclarar los hechos en que resultó herido el funcionario policial.
Cerca de 30 testimonios y pericias, además de una concluyente prueba audiovisual, se presentaron en el juicio. Según explicó el defensor público, uno de los elementos que contribuyó a la tesis de la defensa fue un video que fue exhibido por la Fiscalía y ampliamente difundido en redes sociales en la época de la detención, en el cual se mostraba al imputado supuestamente percutando una serie de disparos en un enfrentamiento con Carabineros.
“Sin embargo, al revisar el video, primero personalmente, cuadro a cuadro y luego por parte de un perito, se logra establecer que el arma que el imputado utiliza es de fogueo, lo cual se evidencia incluso con la imagen de la marca, que es correspondiente con el arma que se encontró en su domicilio, la cual no es compatible con las heridas del policía”, argumentó González.
Además, en su veredicto, los jueces orales manifestaron que la evidencia presentada por la defensa pública impidió establecer que el joven tuviera participación en los hechos que se le imputaban. También señalaron que el Ministerio Público no se planteó hipótesis alternativas que permitieran avanzar hacia el esclarecimiento de los hechos, para determinar efectivamente quién disparó contra el piquete policial en que se encontraba el uniformado herido.
Durante los 15 meses en que el imputado estuvo sometido a prisión preventiva, su defensor público solicitó en reiteradas oportunidades la revisión de la medida cautelar y su sustitución por arresto domiciliario, particularmente a propósito de la crisis sanitaria, que ponía al joven en grave riesgo de contagio.
El defensor regional de Antofagasta, Ignacio Barrientos, destacó que el fallo evidencia que, a pesar de la pandemia de Covid-19, “el trabajo de los defensores penales públicos sigue siendo del más alto nivel técnico y la prueba está en que Maximiliano González siempre sostuvo la inocencia del imputado y en reiteradas ocasiones solicitó la modificación de la medida cautelar, llegando incluso en tres ocasiones a la Corte de Apelaciones, en todas sin éxito, pese la robusta evidencia que avalaba su tesis de inocencia”.
Barrientos reiteró el llamado a que la prisión preventiva no sea utilizada como condena anticipada, “ya que estos 15 meses de privación de libertad tuvieron graves consecuencias emocionales, físicas y familiares”, sostuvo.
