Fiscalía de Costa Rica ejecuta gran operativo anticorrupción

Autoridades de Costa Rica allanaron este lunes la Casa Presidencial y varios organismos estatales, y detuvieron al menos a dos dueños de firmas constructoras, en una operación para desmantelar una supuesta red de pago de sobornos a cambio de obras públicas.

Durante la operación, liderada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que depende de la Fiscalía, se realizaron 57 allanamientos, tanto a entidades públicas como a domicilios particulares. Se presume que la red malversó entre 2018 y 2020 unos 78.000 millones de colones, equivalentes a unos 125 millones de dólares.

“Identificamos un esquema de sobornos, un esquema de regalías y pagos indebidos dirigidos a funcionarios públicos patrocinados por empresas privadas (…) Incluso, había un sistema de intermediación entre empresas privadas y funcionarios que permitía la entrega de sobornos y el ulterior lavado y ocultamiento de esos movimientos”, expuso el director del OIJ, Wálter Espinoza.

En el transcurso de la mañana, según información oficial del OIJ, se han detenido 28 sospechosos, entre ellos dos de los dueños de las constructoras más importantes del país.

Monopolio de contratos para obras públicas

La policía ingresó a 14 instituciones públicas, entre ellas la Casa Presidencial, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo de Transporte Público (CTP), entre otros, a múltiples oficinas de empresas privadas, además de a 21 casas de personas vinculadas a la presunta red.

“Hubo una denuncia hacia un grupo de funcionarios públicos que irregularmente favorecían a algunas empresas y que lo hacían para obtener beneficios en el ámbito de mantenimiento desarrollo y construcción de carreteras”, apuntó Espinoza.

“Esas empresas tenían monopolio de adjudicaciones y licitaciones públicas porque contaban con un apoyo de funcionarios que daban beneficios irregulares”, añadió el jefe de la OIJ. Entre los favores se incluyen autos, terrenos, dinero en efectivo, entre otros.

La Casa Presidencial dijo en un comunicado que está cooperando con todas las diligencias judiciales, ya que reiteran que “la gestión pública debe darse con estricto apego a las normas legales y éticas”.