A través de un comunicado, el organismo destacó “la conformación paritaria” de la convención, que tiene el mismo número de integrantes hombres y mujeres, y también de su directiva, presidida por los constituyentes Elisa Loncón y Jaime Bassa, electos en la sesión de instalación del órgano.
“La elaboración de una nueva Carta Magna es una oportunidad para reafirmar los compromisos asumidos por el Estado de Chile en materia de derechos humanos y hacer realidad las metas de la Agenda 2030, que buscan alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo”, señaló la ONU, que dijo estar “disponible y al servicio de este proceso”.
El proceso constituyente de Chile nació en 2019 como un acuerdo entre los partidos políticos para tratar de amainar la crisis social generada por las protestas de ese año, que estalló con masivas marchas por un modelo socioeconómico más justo y que dejó al menos una treintena de fallecidos y miles de heridos.
En un plebiscito en octubre de 2020, los chilenos decidieron por abrumadora mayoría que una convención constituyente integrada por 155 personas elegidas para la ocasión redactara una nueva Constitución, y en mayo de este año se escogió en las urnas a sus integrantes.
El texto se refrendará en otro plebiscito en 2022
El órgano, que acabó siendo integrado en su mayoría por ciudadanos independientes, la mayoría de tendencia progresista, mientras que la derecha tiene solo 37 escaños, comenzó a funcionar este domingo con su sesión de instalación y con la elección de su presidenta y vicepresidente.
A partir de ahora, tiene un máximo de un año para proponer una nueva Constitución, texto que deberá refrendarse en otro plebiscito en 2022, con voto obligatorio. De aprobarse, sustituirá a la actual Constitución, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y criticado por muchos por su corte neoliberal.
