Comenzó a realizarse en los tribunales de Iquique y Alto Hospicio, la auditoría de pares de los defensores penales públicos, en cumplimiento de las normas de control de calidad que mantiene la Defensoría Penal Pública.
Este trabajo consiste en una revisión exhaustiva del cumplimiento de los estándares de calidad en el trabajo jurídico que los defensores penales públicos aplican en las principales audiencias y en las gestiones judiciales que se derivan de ellas, realizada por expertos penales externos de reconocida trayectoria.
En esta zona laboran 22 defensores penales públicos, como parte de un equipo de 60 profesionales, administrativos y técnicos que presta el servicio de asistencia jurídica a los imputados que llegan a los tribunales de Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte.
En el inicio de esta labor, el auditor Iván Mella sostuvo una reunión de coordinación con las jefaturas regionales de la institución y los representantes de las empresas licitadas que prestan servicio de defensa pública en la zona.
Su labor será monitorear la actuación de los defensores públicos en las audiencias de control de detención y otras, para evaluar el apego a las normas estipuladas por la Defensoría Penal Pública para asegurar la calidad de los servicios que se prestan a los usuarios.
En el desarrollo de esta gestión, el auditor también verifica el manejo apropiado de las carpetas con los antecedentes de los imputados, como también puede llegar a entrevistar a tales usuarios para obtener una apreciación más clara sobre la atención que se les brinda.
La auditoría de pares se desarrolla actualmente de modo simultáneo en los 34 tribunales de mayores ingresos en el país, en una labor iniciada en la primera semana de junio y que se extenderá hasta abril del próximo año.
“Nuestra institución siempre busca asegurar la calidad de los servicios jurídicos que presta, para lo cual utiliza diferentes mecanismos de control y evaluación. Lo de ahora no es nuevo para nosotros y estamos seguros de que nuestra gestión será evaluada positivamente”, explicó la jefa de Estudios de la Defensoría Regional de Tarapacá, Karina Reyes.
