La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados solicitó que, con datos del Poder Judicial y del Ministerio Público, se elabore un informe actualizado y se determine con exactitud la situación procesal en que se encuentran las personas imputadas por participar en hechos durante el estallido social de 2019, ante las “dispares estadísticas” en la materia.
El vocero del gremio y juez penal, Mauricio Olave, le transmitió la petición al presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva.
“La necesidad de que sean el Poder Judicial y el Ministerio Público, quienes mantienen las estadísticas de todos los delitos que se comenten en Chile y que son conocidos por los tribunales, quienes entreguen un catastro detallado de tales detenciones”, dijo el titular del gremio.
Olave detalló que “nos parece necesario que se sepa cuál ha sido la misión y la labor que han cumplido juezas y jueces de garantía y orales en lo penal, y que se determine con precisión el número de personas en prisión preventiva y a la espera de un juicio”.
Además, dijo esperar “que esto pueda ser debatido al interior del Pleno del Máximo Tribunal y que pueda pedírsele al Ministerio Público el cruce de información que permita tener una visión panorámica correcta de un tema muy sensible y que nos preocupa”.
