La Audiencia Nacional de España ordenó reabrir una causa que investiga el supuesto blanqueo de capitales irregulares de Augusto Pinochet a través del Banco de Chile, perteneciente a Quiñenco, holding del grupo Luksic.
Según informó ElDiario.es, que lleva el tema en su portada de este sábado, la acción fue empujada por el abogado Joan Garcés en representación de la Fundación Española Presidente Allende, que representa a más de 20.000 víctimas de la dictadura y a sus familiares, en el contexto de “las acciones de justicia universal que empezaron a instruirse en España a finales de la década de 1990 por parte del juez Baltasar Garzón”.
Entre los impulsores de la causa ante la Audiencia Nacional están Laura González-Vera, viuda del editor y diplomático madrileño Carmelo Soria, torturado y asesinado en Chile en 1976; Josefina Llidó, hermana del sacerdote Antoni Llidó, detenido y desaparecido en 1974; y Marina Alsina, hermana del sacerdote catalán Joan Alsina, fusilado en 1973, ocho días después del golpe de Estado.
“La presencia de víctimas españolas blindó en su momento la competencia de la Audiencia Nacional en la causa, que ahora vuelve a ser esgrimida tras constatar que los muy concretos delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes denunciados y supuestamente cometidos por el Banco de Chile siguen sin haberse investigado ni enjuiciado jamás, ni en el país suramericano ni en ningún otro lugar”, explica el medio madrileño.
“Debe reabrirse de inmediato”
La causa en cuestión estaba “paralizada de facto desde 2010, cuando el Banco de Chile pidió que la justicia española declinara su jurisdicción en favor de la de Chile, con el argumento de que esta investigaba los mismos hechos”, explica la nota periodística.
Sin embargo, “en un auto del pasado enero, ratificado por una providencia del 3 de junio, la Sala Penal de la Audiencia Nacional constata que la prometida investigación en Chile no se produjo, ni se abordaron jamás los hechos concretos denunciados –el blanqueo de capitales y alzamiento de bienes para eludir la fianza impuesta por la justicia española en su día”, reseña la nota.
En consecuencia, la referida Sala Penal “ordenó reabrir la causa penal y retomar las diligencias pendientes desde hace más de una década al Juzgado de Instrucción Número 5, actualmente dirigido por Santiago Pedraz, a pesar de su negativa inicial y de la oposición de la Fiscalía”.
La resolución, explica El Diario, “analiza en 20 páginas las alambicadas aristas de una causa jurídicamente compleja, pero concluye con rotundidad que la investigación española, sobreseída provisionalmente en 2012 ante la solicitud del Banco de Chile, debe reabrirse de inmediato. Y retomarse, por tanto, en el mismo punto en que quedó: a partir de un auto fechado el 26 octubre de 2009 y firmado por el entonces responsable del juzgado de instrucción número 5, Baltasar Garzón”.
Banco defiende “jurisdicción de los tribunales chilenos”
El medio ibérico agrega que la Audiencia Nacional remitió el pasado 8 de julio una “comisión rogatoria” a la Corte Suprema de Chile para que se notificara a los representantes legales del Banco de Chile.
La respuesta fue “asumida por el letrado Raúl Antonio Tavolari, que recientemente ha presentado un escrito en el que trata de bloquear la notificación con el argumento de que ‘vulneraría el orden público nacional’, al considerar que España no es competente en la causa y que los tribunales chilenos ya asumieron la investigación de los hechos denunciados”.
En una declaración escrita entregada a El Desconcierto, el Banco de Chile reafirmó su posición respecto a “las materias (…) han sido investigadas por los tribunales chilenos en la causa seguida ante Ministro de Fuero de la I. Corte de Apelaciones de Santiago Rol 1649 del año2004, tribunales a los que corresponde la competencia y jurisdicción sobre las mismas”.
“Banco de Chile no se referirá al caso por estar radicado ante la jurisdicción de los tribunales de justicia de la República de Chile”, agrega el breve escrito, de un solo párrafo.
