Un reciente informe emitido por la Contraloría, revela una situación de colapso en la Superintendencia del Medio ambiente, donde las causas pueden demorar hasta años en ser respondidas.
En el documento se detalla que al menos un 44,22% de las denuncias que llegaron a la Superintendencia entre los años 2016 y 2019, no fueron fiscalizadas, es decir, cerca de la mitad de las denuncias no tuvieron respuesta.
Además, se expone que a nivel nacional solo trabajan 88 fiscalizadores, quienes en teoría, deben inspeccionar las prácticas de alrededor 17 mil empresas en todo Chile.
Ante esto, el jefe de la institución, Cristóbal de la Maza, explicó que hoy en día cada fiscalizador se dedica a varios casos al mismo tiempo, y que en promedio hay 3 trabajadores encargados por región.
“Contamos con 3 fiscalizadores en promedio por región, y con esos fiscalizadores tenemos que tener una cobertura para no solo cubrir las denuncias, sino que otros instrumentos que fiscalizamos de oficio”, explicó de la Maza.
A lo que complementó: “Hoy tenemos que ser capaces de priorizar, porque un fiscalizador no tiene dedicación exclusiva con un caso. Crecen las normativas, crece nuestra carga de trabajo (…) nos sentimos con nuestro día a día, un poco agobiados”.
Dicho informe data vacíos en las investigaciones, a lo que la superintendencia argumenta una preocupante falta de recursos. Cabe recordar, que este año, el organismo fiscalizador sufrió un recorte del 7% en su presupuesto anual.
