Según constata una investigación realizada por Ciper, poco más de dos tercios de las personas detenidas durante las manifestaciones del estallido social de 2019, no cuentan con antecedentes previos a su detención.
De las 77 personas que se contabilizaron, que hasta finales de julio seguían apresadas, 28 ya fueron condenadas y 47 se encuentran en prisión preventiva. De estos últimos, 34 no registran condenas previas según datos de la Fiscalía, la Defensoría, el Poder Judicial.
A lo anterior, se explica que, a pesar de su buena conducta, la mayoría se mantienen privados de libertad debido a las modificaciones legales a los delitos por los que se les imputa.
En específico se nombra a Ley de Control de Armas, mayormente por confección o lanzamiento de bombas molotov, la Ley Antisaqueos y la Ley de Seguridad Interior del Estado. Estas normativas agravan las faltas y obligan a que una eventual condena sea cumplida bajo una pena sustitutiva.
La Ley de Control de Armas, se aprobó en 2015 durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, luego de que parlamentarios de derecha ingresaran el proyecto, siendo posteriormente apoyado por varios representantes de la Nueva Mayoría.
