Durante el martes, la Fiscalía Regional de Magallanes decretó arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre ellos para diez familiares y conocidos de los acusados del denominado caso Pacogate.
Los civiles fueron formalizados por lavado de activos y malversación de caudales públicos por $28 mil millones, al actuar como testaferros de los involucrados de la institución.
Al respecto , la fiscal Karina Guajardo explicó que los acusados actuaban “con el objetivo de introducir en el sistema económico financiero las ganancias ilícitamente obtenidas y/o dificultar la trazabilidad del origen de sus incrementos patrimoniales, generados a partir de la comisión del delito de malversación de caudales públicos perpetrados por la organización criminal”.
Luego de declararse que los hechos “son constitutivos de los delitos de malversación de caudales públicos en grado de consumados, y delito de lavado de activos, que se encuentra (también) en grado de consumado”, según manifestó la fiscal, los familiares imputados quedaron con arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre los acusados, peticiones que fueron aceptadas por el tribunal.
