La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Arica sobre el desalojo de ocupantes ilegales que habitan viviendas contaminadas en la población Cerro Chuño. Ratificación que se produce tras el recurso de protección por violación de derechos humanos, presentada a favor de los pobladores por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Así lo dio a conocer el delegado presidencial, Roberto Erpel, quien manifestó su tranquilidad ante la respuesta de la Corte de Suprema de dar curso al desalojo. “Hemos cumplido. La Ley Nº 20.590 que establece un Programa de Intervención en Zonas con Presencia de Polimetales en la comuna de Arica es enfática en señalar que las personas deben desalojar Cerro Chuño. Es un sector que presenta altos niveles de plomo y arsénico, y es absolutamente necesario erradicar a todas las personas que están viviendo en esos terrenos, poniendo en riesgo su salud y generando un foco importante de delincuencia”.
La autoridad regional indicó que retomarán y darán celeridad al Plan de Contingencia que lidera la mesa de Cerro Chuño a cargo de la unidad de Gestión Provincial de la Delegación Presidencial Regional, en coordinación con los ministerios de Desarrollo Social y Familia; Vivienda y Urbanismo, Medio Ambiente; el Servicio de Vivienda y Urbanismo, Carabineros y Policía de Investigaciones.
Recordó que, en una primera etapa del Plan, en diciembre del año recién pasado se realizó una relocalización de cerca de 50 familias del Cerro Chuño.
Al respecto, el delegado Presidencial señaló que “realizaremos una evaluación en profundidad de los polígonos a desocupar con el objetivo de planificar las próximas acciones”, concluyó.
