El senador por la región de Arica y Parinacota, José Miguel Insulza, sobre el fallo de la Corte Suprema que confirma la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Arica, sobre el desalojo de los ocupantes ilegales de las viviendas del sector Cerro Chuño, manifestó que es entendible la sentencia, puesto que es un sector que presenta altos niveles de contaminación. Sin embargo, dijo que está presente la necesidad de “llevar a estas personas a alguna parte y eso es tarea del gobierno regional”.
Agregó que hicieron gestiones para que esto pueda ser descontaminado por el Estado sueco, sosteniendo una reunión con el embajador, pero aún no tienen una respuesta.
El senador Insulza explicó que existen recursos disponibles para relocalizar a las personas que ocupan ilegalmente el sector. “Hace unos días leí que nuestra región sólo ha ejecutado al 31 de julio, el 19,9% del presupuesto destinado para este año, quedando en los últimos lugares en cuanto a inversión” aseguró. Advirtiendo que “la historia dice que van a hacer todo tipo de trasvasijes de recursos de un lado a otro para poder cumplir con la ejecución a fin de año, entonces la pregunta es ¿por qué no construimos casas para las personas de Cerro Chuño que tienen derecho a una vivienda con estos recursos?”
Al respecto, informó que “vamos a hablar sobre esto con el gobernador regional, para que pongamos presión para que el desalojo se realice bien, pero ellos no son los que deciden, la propuesta debe ser hecha por el gobierno, en este caso por el delegado presidencial, porque el SERVIU, en conjunto con la Seremi de Vivienda forman parte de este poder que sigue manteniendo el gobierno central”.
Finalmente, Insulza valoró que “el delegado presidencial diga que retomará este desalojo, pero que lo haga como hay que hacerlo, sacando a la gente decentemente de esas casas y construyéndole viviendas nuevas a los que tienen derecho a ella. Para esto hay que reprogramar los fondos del FNDR, no se los están gastando y seguimos con todo detenido en la región”.
