En su visita a la región de Tarapacá, para constatar la situación migratoria en la comuna de Colchane, el subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Juan Galli, señaló que de octubre de 2020 y hasta febrero 2021 hubo un aumento importante de ingreso clandestino por pasos no habilitados, por lo que el gobierno tomó medidas contenidas en el Plan Colchane, desplegadas en las distintas fases de la migración. Antes de la frontera, en la frontera misma y luego dentro de la frontera.
Dicho Plan lo circunscribió a la obligatoriedad de quienes ingresaban de hacer cuarentena para proteger la salud de los nacionales y extranjeros, control en la frontera estableciendo puntos de inspección policiales y militares y reforzamiento de herramientas, “como la actualización en marzo del decreto supremo 265 que autoriza a las fuerzas armadas a apoyar a las policías en distintas actividades y combatir los fenómenos delictuales y que se amplió a la prevención del tráfico de migrantes, de tal manera de fortalecer las capacidades del Estado en la frontera”.
El subsecretario hizo hincapié que el control fronterizo funcionó, argumentando que se logró bajar a un 18% de los ingresos clandestinos que se detectaron en febrero y además que el personal policial de la subcomisaría de Colchane ha realizado incautaciones de droga. “¿Cuál es el efecto? 1.600 kilos de droga decomisada. El 33% de la droga incautada en la región de Tarapacá se captó en Colchane, porque hay intensificación del control en ese lugar, 168 personas han sido detenidas por delitos asociados al tráfico de drogas en operaciones en la frontera. A lo que voy, es que el control de la frontera está implementado, se va a fortalecer, en eso estábamos con el ministro de Defensa en Colchane”.
Albergue para migrantes
Respecto al albergue que se anunció en febrero con el Plan Colchane para ubicar a los migrantes que ingresan por pasos no habilitados y que ocupan los espacios públicos como la plaza Brasil en Iquique, precisó que fue tema de conversación con el gobernador regional José Carvajal y el delegado presidencial Miguel Quezada.
Acordaron una mesa de trabajo con participación del delegado presidencial y el gobernador e “idealmente el municipio de Iquique para hacer la inversión en un albergue transitorio que permita sacar a las personas del espacio público y que hagan este tránsito temporalmente en un lugar especialmente habilitado. El gobernador regional está abierto a una solución como esa, lo que muestra que es un problema en el que todos debemos contribuir”. Sin embargo, añadió que el albergue no soluciona el problema de fondo, sólo permite que aquellas personas que están en las calles, tengan donde pernoctar.
Criterio de las cortes y desincentivo del ingreso irregular
El subsecretario Galli enfatizó que las personas que ingresan clandestinamente deben tener muy claro que cometieron una grave infracción migratoria en nuestro país y que se someten a un proceso administrativo que puede llevar a su expulsión.
Al respecto, señaló que las cifras de expulsión han ido decayendo, porque las cortes de justicia han cambiado el criterio al momento de acoger órdenes de no innovar o recursos de amparo presentados por organizaciones no gubernamentales en esta materia.
“En febrero o marzo, una de las medidas dispuestas por el gobierno dentro del contexto de lo que se vivía era justamente decretar y materializar las expulsiones para aquellas personas que habían incumplido gravemente la legislación migratoria al ingresar clandestinamente a nuestro país. Sin embargo, distintos fallos de la corte han incorporado nuevos requisitos. Ya no basta con una declaración policial de una persona que se acercó a la policía y declaró que había ingresado clandestinamente. La corte ha considerado que esa declaración no es suficiente cargo para dar por acreditado el ingreso clandestino. Entonces, le impone la carga al Estado de tener que probar el ingreso clandestino de esa persona”, relató.
Afirmó que junto al ministro del Interior le plantearon al presidente de la Corte Suprema la fijación de un criterio, puesto que de las 33 mil expulsiones decretadas, alrededor de 20 mil están sin materializar. “Entonces si ese nuevo criterio hay que aplicarlo a todas las expulsiones que no han sido materializadas, entonces quizás deberíamos revisar todas las expulsiones ya decretadas y las que están por decretarse para ver si cumplen con el nuevo criterio de la corte, y de esa forma decretar únicamente aquellas expulsiones que podrán ser materializadas conforme a la nueva jurisprudencia de la Corte Suprema”.
“Mientras más difícil es expulsar a una persona que ingresa clandestinamente, menos desincentivo hay para ingresar clandestinamente y los efectos del ingreso por paso no habilitado lo viven los habitantes de esta ciudad y otras del país”, comentó.
