Tras una acusación presentada por la Fiscalía Local de Tocopilla, el Juzgado de Garantía de la ciudad, vía audiencia de procedimiento abreviado, pronunció la sentencia definitiva en que condenó a Santiago Ernesto Rojas Ortiz, de nacionalidad boliviana, a la pena de 800 días de reclusión menor en su grado medio como autor del delito consumado de tráfico de migrantes de carácter reiterado.
El delito fue perpetrado entre el 23 y 25 de junio del 2021, en la comuna de Tocopilla. La investigación fue dirigida por el Ministerio Público, a través del fiscal subrogante de Tocopilla, Pablo Araos con colaboración de los detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) de la Policía de Investigaciones.
El sentenciado fue condenado también recibió la pena pecuniaria de multa de 10 UTM y la expulsión del territorio nacional, con un plazo de 60 días para su ejecución correspondiente. Cabe señalar, que el acusado tiene una pena adicional de prohibición de reingreso al país por un período de 10 años.
La investigación acreditó que el acusado, concertado con un chileno, captaban a trabajadores en Bolivia y luego los trasladaban a Chile, eludiendo el control fronterizo, vía sector Colchane.
El acusado les daba instrucciones a los migrantes acerca de lo que tenían que decir y hacer si los sorprendían las autoridades chilenas, todo esto con la finalidad que ellos trabajaran en Copiapó, específicamente, en la cosecha de uvas. Por este traslado el imputado les cobraba 790 pesos bolivianos a los migrantes.
Modus operandi
Una vez captados los migrantes, ya en territorio chileno, los miembros de la organización les daban instrucciones a los extranjeros para llegar principalmente a Iquique, desde donde buscarían transporte hacia Copiapó. Sin embargo, fueron fiscalizados en el trayecto hacia Tocopilla por parte de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI.
Es así que el 24 de junio del 2021, alrededor de las 04:00 horas, las víctimas, ciudadanos bolivianos (6 hombres y 2 mujeres, todos mayores de edad), salieron desde Pisiga (Bolivia) hacia Chile, motivados por la oferta de trabajo que les había hecho el condenado y otro ciudadano chileno, quienes les ofrecieron campamento y alimentación gratuita y un sueldo de 250 a 600 pesos bolivianos, para desempeñarse como cosechadores de uva. Para ingresar lo hicieron según instrucciones del acusado, quien además les cobró 790 pesos bolivianos.
