El martes 21 de septiembre las comisiones unidas de Constitución y Pesca terminaron aprobando por 13 votos a favor, 4 en contra y una abstención el proyecto que declara la nulidad de la ley de pesca.
Al respecto, el diputado Rubén Moraga, quien integra la Comisión de Pesca y Acuicultura, explica que la actual ley de pesca ha sido calificada como de origen ilícito, “porque quedó demostrado en la investigación judicial que las empresas pesqueras pagaron importantes sumas de dinero a parlamentarios, principalmente de la UDI, para que legislaran a favor de los industriales, entre ellos la Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES), viéndose involucrada la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, y Corpesca, resultando condenados por cohecho el ex senador Jaime Orpis y la ex diputada Marta Isasi”.
En la discusión en particular del proyecto que busca la nulidad de la ley de pesca, conocida como Ley Longueira, el diputado Moraga partió precisando que “es una ley que se ha obtenido bajo soborno y lobby indebido del empresariado pesquero, es una ley viciada, que carece de toda legitimidad y legalidad ante la ciudadanía”.
“Durante todo este tiempo los grupos económicos han abultado sus riquezas en desmedro de la soberanía nacional. Decenas de proyectos parches para mejorar una ley imperfecta duermen en las comisiones que tocan la materia. Lo mejor es anular esta ley y hacer una nueva”, precisó el parlamentario.
Además, el congresista describió la realidad de la pesca en Chile. “Hoy el país está dividido en tres grandes regiones pesqueras. En el norte, conviven Corpesca con Camanchaca. El centro sur está liderado por las empresas pesqueras asociadas a ASIPES, y el sur austral es controlado por EMDEPES, empresa del Grupo Nissui y Orizon. Las que fusionadas en 4 grandes conglomerados controlan el 90% de la industria en el país”.
Finalmente, Moraga añadió que “un oligopolio hecho por una ley, que además entregó la cuota de pesca por 20 años no puede seguir siendo ley. Ministros y senadores de la época les concedieron un artículo transitorio que les libró de pagar, entre el año 2014 y 2016, la totalidad de nada menos que siete millones seiscientos noventa mil ciento cuatro dólares (US$7.690.104), casi la mitad del costo del primer retiro del 10% y un tercio del gasto en Covid-19 durante el 2020. Que útil hubiesen sido esos casi 8 millones de dólares en estos momentos. Pero una ley comprada a la medida lo impidió”.
Ahora, la nulidad de la ley de pesca será discutida en particular en sala de la Cámara de Diputados y Diputadas.
