El Instituto de Estudios Internacionales (INTE) de la Universidad Arturo Prat de Iquique emitió una declaración pública respecto a la crisis migratoria en la región de Tarapacá, en la cual manifiesta que es una situación de alta complejidad y como tal requiere de acciones que pongan en el centro la protección de las personas y aseguren la sana convivencia entre los habitantes de la región.
Agrega que no es posible seguir basando las políticas estatales para la gestión de la inmigración en la militarización de las fronteras, la criminalización de los y las migrantes, y las expulsiones, todo lo cual no detiene los flujos de personas, sino que los hacen más peligrosos y riesgosos.
Expresa que nadie puede creer que una política de fronteras abiertas unilateral es una solución, pero tampoco lo es cerrarlas manu militari y que el próximo gobierno debe producir una conferencia nacional en busca de un consenso de gestión de migración, en el que participen actores estatales y de la sociedad civil, incluyendo a las asociaciones de migrantes que existen en el país.
Sin embargo, plantea que en el corto plazo deben realizarse algunas acciones. Por ejemplo, que el control policial en la frontera debe operar en conformidad con la legislación nacional, la cual se rige por los instrumentos internacionales suscritos por el país en materia de derechos humanos.
Coordinar acciones a través de los municipios para crear albergues de tránsito en Colchane, Huara e Iquique que permitan cobijar a las personas y evitar la indigencia y el uso de los espacios públicos. Y en particular, que se brinde protección y servicios educativos a niños y niñas. Estos albergues, deben tener garantías de no expulsión, no criminalización y protección a la seguridad de sus vidas.
Regularizar a través de la Ley de Refugio a los extranjeros que han ingresado al país en contexto de pandemia como también facilitar la reunificación familiar, en especial cuando la infancia migrante no está acompañada.
Asimismo poner fin a las expulsiones administrativas de personas que ingresaron por paso no habilitado en el período de la pandemia, prohibir los discursos de las autoridades de gobiernos que definen a los extranjeros como ilegítimos aludiendo a argumentos nacionalistas y soberanistas, que sólo inducen a la xenofobia, el odio y el racismo.
También alude a la prensa y medios de comunicación en su responsabilidad de brindar información veraz sobre la naturaleza de los migrantes, las normas internacionales al respecto y las obligaciones que tiene el Estado de Chile.
Por último, apoyar desde las universidades estatales en alianza con la sociedad civil, campañas de información a la población y asesoría a los funcionarios públicos sobre este sensible asunto.
El INTE finaliza su declaración enfatizando que estamos ante una crisis de la política migratoria inédita en la historia de Chile y de América Latina que nos interpela como sociedad a buscar alternativas y acciones que propendan, ante todo, a la protección de las personas. Se trata de un desafío al cual debemos hacer frente a la luz de los derechos humanos, y para lo cual existen alternativas de protección como el refugio y la institucionalidad internacional.
