El Juzgado de Garantía de Iquique concedió hoy la extensión de 8 meses en el plazo de investigación del caso luminarias, tras una solicitud presentada por la Fiscalía Local de Iquique.
El caso involucra a tres ex concejales y dos ex funcionarios de la municipalidad de Iquique y un ex SEREMI imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos de cohecho reiterado, soborno y fraude al fisco en el marco de presuntas irregularidades en la licitación del recambio de luminarias en Iquique, ilícitos perpetrados entre septiembre y octubre de 2018.
Durante la audiencia de esta mañana el Ministerio Público expuso su solicitud de ampliar en 8 meses más la investigación para acabar con diligencias pendientes, en especial terminar la revisión de los cientos de equipos tecnológicos incautados y recibir información bancaria que aún no es entregada por las instituciones financieras, lo cual fue acogido por el tribunal.
Si bien el abogado querellante del caso, Matías Ramírez, indicó que se trata de un plazo excesivo hasta el 8 de mayo de 2022, precisó que existiendo diligencias pendientes se justifica. “Varias diligencias que hemos solicitado nosotros como querellantes desde el inicio, aún se mantienen pendientes, como los informes de lavado de activos de la PDI que permitirían acreditar los montos percibidos vía coimas por los funcionarios municipales y concejales involucrados”, comentó Ramírez.
Agregó que espera tener parte de dichos informes para solicitar otras pericias que “a nuestro entender son necesarias para acreditar los delitos por los cuales se están investigando a los distintos imputados. Esto es fraude al fisco, cohecho, lavado de activos y asociación ilícita. Gran parte de los imputados podrían tener penas efectivas de cárcel.”, explicó Ramírez.
Añadió que la mayoría de los imputados se encuentran con arresto domiciliario parcial o total, y que dichas medidas cautelares no fueron modificadas el día de hoy.
Fiscalía de Iquique
Esta mañana, el fiscal a cargo de la causa, Gonzalo Guerrero, explicó que en los 16 meses que han pasado desde la audiencia de formalización se han realizado múltiples diligencias con la Policía de Investigaciones, sin embargo, la revisión de los 192 equipos tecnológicos incautados a los imputados, en las empresas y en la municipalidad -entre los cuales hay computadores, tablets, y teléfonos- es un proceso lento que aún no concluye.
“A la fecha la Brigada del Cibercrimen ha extraído y respaldado la información de 146 equipos, pero aún faltan otros 46. Además esta información está siendo revisada y analizada por las brigadas de Lavado de Activos, de Delitos Económicos y de Anticorrupción, lo que es una trabajo demoroso. A modo de ejemplo, la revisión de sólo ocho discos duros implicó analizar 112 mil archivos, entre imágenes, audios, archivos Word, Excell y Pdf, entre otros, lo que concluyó en un informe de 500 páginas más sus anexos que la Policía está por remitir en los próximos días”, detalló el fiscal
Añadió que con la información que se ha obtenido de los aparatos incautados, se han debido realizar nuevas entrevistas a los imputados y otros testigos, llegando a más de 90 declaraciones que se han tomado en estos meses. Además, aún se está a la espera de información del levantamiento del secreto bancario de los imputados que algunas instituciones financieras todavía no envían.
“Por la cantidad de equipos que falta por analizar, la Fiscalía ha conversado con las jefaturas policiales para que se refuercen los equipos investigativos y poder terminar en el plazo máximo que tiene la investigación. Pero nos parece que es necesario hacer todo el esfuerzo por terminar de revisar todo lo incautado y así asegurar una investigación racional, justa y objetiva”, recalcó el fiscal.
La solicitud no fue objetada ni por los abogados querellantes ni por la mayoría de los defensores de los 15 imputados que tiene la causa, y solo tres defensas pidieron que la ampliación fuera de no más de tres meses. Sin embargo, el juzgado de garantía acogió ampliar el plazo de investigación hasta el máximo legal que es dos años, teniendo en cuenta la complejidad de la causa, la relevancia de los bienes jurídicos comprometidos, y la necesidad de tener debidamente esclarecidos los hechos para tranquilidad de los intervinientes y la sociedad.
Hay que recordar que la Fiscalía formalizó por los delitos de cohecho, violación de secreto, fraude al fisco, lavado de activos y asociación ilícita a algunos ex concejales de Iquique, funcionarios municipales, particulares y representantes de las empresas de Itelecom y Elec, quienes fueron detenidos en el marco de la investigación que se sigue con la Brigada de Delitos Económicos, por posibles hechos de corrupción en licitaciones relacionadas con la reposición del alumbrado público en Iquique.
