La Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Iquique revisará, el martes 12 y miércoles 13 de octubre, las solicitudes de 266 internos propuestas por los tribunales de conducta de las diversas unidades penales de la jurisdicción.
La comisión es presidida por la ministra Marilyn Fredes y la integran los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique, Rodrigo Villar y Juan Pozo; y del Juzgado de Garantía, Tamara Muñoz y Verónica Opazo.
La sesión, que se realizará vía remota, corresponde al segundo semestre y consiste en la revisión de las solicitudes e informes técnicos presentados por Gendarmería de Tarapacá por parte de 223 internos que corresponden al Complejo Penitenciario de Alto Hospicio; 39 al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Iquique; y 4 del Centro de Detención Preventiva de Pozo Almonte.
La Comisión de Libertad Condicional de Iquique es regida por el Decreto Ley Nº 321, modificado el 18 de enero de 2019 por la Ley 21.124. En su artículo 2, la norma establece criterios tales como haber cumplido el tiempo mínimo que exige la Ley de condena que se le impuso por sentencia definitiva; que se haya observado una conducta intachable durante el cumplimiento de la condena y contar con un informe de postulación psicosocial elaborado por un equipo profesional del área técnica de Gendarmería de Chile que permita orientar sobre los factores de riesgo de reincidencia, con el fin de conocer sus posibilidades para reinsertarse adecuadamente en la sociedad.
Primer semestre
Cabe recordar que durante el primer semestre, el 12, 13 y 14 de abril, la Comisión encabezada por Marilyn Fredes revisó solicitudes de 337 internos e internas, correspondientes a 288 reclusos del Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, 46 al centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Iquique, y 3 del Centro de Detención Preventiva de Pozo Almonte.
En dicha oportunidad, la Comisión acogió 25 solicitudes, desglosados en 17 internos de la cárcel de Alto Hospicio y 8 del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Iquique.
“La Comisión decidió por mayoría, otorgar el beneficio a 25 de ellos, ya que de los antecedentes revisados, fueron éstos los que presentaron avances en sus procesos de reinserción social, una conducta intachable durante el cumplimiento de la condena, y habían servido, a lo menos, la mitad de ésta, salvo en los casos de delitos de mayor gravedad en que se requiere el cumplimiento de dos tercios de la sanción impuesta”, señaló en esa ocasión la ministra Fredes.
