El abogado y ex concejal Matías Ramírez, ingresó una denuncia en la Contraloría General de la República por infracción a la legislación vigente sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios en contra del municipio de Iquique por la adjudicación vía trato directo a la empresa COSEMAR del contrato de retiro domiciliario de basura por casi 3 mil millones de pesos.
En la denuncia se explica que el viernes 08 de octubre recién pasado, en concejo extraordinario, la administración municipal de Iquique puso en tabla el punto “Contratación superior a 500 Unidades Tributarias Mensuales (U.T.M.) vía trato directo relativo al Servicio de Recolección de Residuos Domiciliarios y asimilables de la comuna de Iquique con la empresa Cosemar S.A.”. La contratación fue aprobada por 9 votos a favor y 2 votos en contra de los concejales Rodrigo Oliva y Washington Maldonado.
En su escrito, Ramírez argumenta que se puede determinar que los razonamientos esgrimidos por el municipio para justificar un trato directo son insuficientes. “Primero, se descarta de plano que otras empresas puedan cumplir los servicios requeridos, dejando al arbitrio de la administración la determinación de la empresa COSEMAR S.A. que según el director de Aseo y Ornato entrega la suficiente seguridad y confianza de cumplir aquellos, sin indicar, salvo el año de contratación, otros fundamentos que validen dichas cualidades”.
“Segundo, este trato directo no se justifica desde un punto de vista netamente legal, toda vez que por el monto del contrato se requería una licitación pública y abierta para todos los oferentes a nivel nacional. Creemos que desde un principio este trato directo fue dirigido hacia la empresa COSEMAR a objeto de beneficiarla con esta ampliación de su contrato por más de 10 meses, generando claramente un detrimento municipal importante. Considerando que este era el momento para abrir el debate a buscar empresas más económicas y con nuevas tecnologías que permitieran poner el eje en el cuidado del medio ambiente”, señaló.
Cabe recordar que el actual contrato de Servicio de Recolección de Residuos Domiciliarios en la municipalidad de Iquique se encuentra suscrito con la empresa COSEMAR S.A. y su vigencia es hasta el 16 de octubre de 2021.
Al respecto, la denuncia sostiene que “a través del trato directo en cuestión, se busca un subterfugio en el reglamento de la ley Nº19.886 para ocultar una negligencia inexcusable por parte de la administración, a saber, no haber realizado el llamado a licitación pública para el nuevo contrato de retiro de residuos domiciliarios de la comuna de Iquique. Este último punto es clave. Por ley correspondía realizar el llamado a licitación pública; sin embargo, en base a los expuesto en el concejo municipal, esto no se realizó por un descuido u olvido de los funcionarios a cargo”.
Carácter de la denuncia
En la denuncia se solicita iniciar una investigación administrativa que indague las infracciones y contravenciones expuestas, se determine la existencia de actos u omisiones de carácter ilegal y la responsabilidad administrativa de los funcionarios municipales que participaron del proceso y, en consecuencia, se apliquen las sanciones correspondientes a los funcionarios que resulten responsables. En caso de determinar la necesidad de realizar un sumario, solicitó se reserve su conocimiento y tramitación para el ente contralor.
En segundo lugar, que se dictamine un pronunciamiento sobre las contravenciones graves al principio de probidad administrativa en relación a las actuaciones ejecutadas por los funcionarios de la municipalidad de Iquique que resulten involucrados, y determinar si éstos incumplieron la normativa legal y reglamentaria que les obligaba, en su calidad funcionaria, al cumplimiento de la normativa legal vigente respecto de los hechos denunciados.
Asimismo, de conformidad con la facultad de la Contraloría para constituir delegados en los servicios públicos y demás entidades sujetas a su fiscalización, con el fin de practicar las inspecciones e investigaciones que estime necesarias, requerimos disponer la realización de una Investigación Especial para constatar los demás hechos denunciados y determinar materialmente hechos objetivos en virtud de las atribuciones que le entrega la Constitución y la ley a la Contraloría General de la República, en particular, las actuaciones ejecutadas por los funcionarios de la municipalidad de Iquique que resulten involucrados.
En caso de acreditar la existencia de infracciones, contravenciones y actos u omisiones de carácter ilegal, pido que la Contraloría General de la República, por sí misma, inicie un procedimiento disciplinario de conformidad al “Reglamento de sumarios instruidos por la Contraloría General de la República”, para determinar la responsabilidad administrativa y realice los reparos, si correspondiere, oficiando al Consejo de Defensa del Estado para que ejerza las acciones civiles y/o denuncias penales ante el Ministerio Público, con la finalidad de sancionar las infracciones a la normativa legal vigente.
