El diputado por la región de Tarapacá, Renzo Trisotti, ofició en la tarde del martes a la Contraloría General de la República para que fiscalice los hechos denunciados por los concejales de la municipalidad de Iquique respecto de la falta de una licitación, “en tiempo y forma” para adjudicar el contrato de recolección de basura y la consiguiente contratación vía trato directo con la empresa COSEMAR para extender el servicio.
En el oficio, el diputado expone que lo denunciado por los concejales, “son hechos que, eventualmente, podrían constituir una causal de notable abandono de deberes”.
Por lo que el diputado solicita a la Contraloría General de la República se le informe si el concejo municipal ha requerido la intervención del órgano contralor para el inicio de un procedimiento de fiscalización; y en caso contrario, requiere entonces que inicie un procedimiento de fiscalización “respecto de la municipalidad de Iquique, representada legalmente por su alcalde Mauricio Soria; del Secretario Municipal, del Director del Departamento de Aseo y Ornato, de COSEMAR como empresa encargada del retiro y recolección de basura, en virtud del contrato vigente que existiría entre ésta última y la municipalidad de Iquique, indagando sobre la eventual existencia de vinculaciones que puedan develar un posible conflicto de interés con las autoridades referidas o los funcionarios que resultaren involucrados producto de la fiscalización que se solicita”.
Lo anterior, indica la denuncia, con el objeto de determinar “si es efectivo que la municipalidad de Iquique, a través de su máxima autoridad comunal o sus funcionarios competentes, efectuaron o no un llamado o propuesta de licitación para empresas destinadas a la recolección de basura; y, para el caso de haberlo hecho, precisar el procedimiento, época y forma en que se llevó a cabo tal licitación y quiénes fueron las empresas oferentes”.
Agrega que “en el evento de no haberse efectuado tal licitación o haberse omitido un procedimiento al efecto; en virtud de la fiscalización requerida, solicito a vuestro órgano de control que ordene que se precisen, por parte de la máxima autoridad comunal, cuáles fueron las razones administrativas que motivaron esa decisión, indicando la época y circunstancias en que debió realizarse en tiempo y forma dicha licitación; así como también, para que Contraloría, en el ejercicio de sus facultades y atribuciones, investigando los hechos denunciados, determine la veracidad de los mismos y las posibles responsabilidades administrativas que llegaren a derivar de ellos”.
Esta acción se suma a la denuncia ya presentada por el abogado y ex concejal Matías Ramírez, con la cual solicita iniciar una investigación administrativa que determine la existencia de actos u omisiones de carácter ilegal.
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