La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), un requerimiento por colusión contra las tres principales empresas de transporte de valores que operan en Chile, Brink´s, Prosegur y Loomis.
Asimismo, se acusó también a seis de sus principales ejecutivos, por haber pactado y ejecutado un acuerdo para fijar los precios de sus servicios entre los años 2017 y 2018.
Acorde a la modificación aplicada el 2016 al régimen de multas, la FNE pidió al tribunal, que aplique a los requeridos sanciones a beneficio fiscal que totalizan 81.585 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a aproximadamente US$ 63,4 millones.
La institución detalla que la mayor multa fue solictada para Brink’s Chile S.A. (Brink’s), por 39.325 Unidades Tributarias Anuales, correspondientes a $30,5 millones de dólares . En tanto,Juncadella Prosegur Group Andina S.A. (Prosegur), tendría que pagar 33.253 UTA, equivalentes a $ 25,8 millones de dólares. Estos montos son las multas individuales más altas que haya pedido la Fiscalía Nacional económica en casos de colusión.
Para Wagner Seguridad Custodia y Transporte de Valores SpA, más conocida como Loomis, la fiscalía solicitó una sanción económica de 8.314 UTA, que corresponden a $ 6,4 millones de dólares.
En el caso de los ejecutivos, el requerimiento pide sancionar a los gerentes generales de las tres empresas: Alberto Bálsamo Barreiro (Brink’s), con 149 UTA (US$ 115 mil); Marco Malverde Muñoz (Prosegur), con 134 UTA (US$ 104 mil); y Cristián Catalán Jerez (Loomis), con 114 UTA (US$ 88 mil).
Además, y pese a encontrarse radicados en el exterior, la acusación también considera a los jefes regionales que tenían a su cargo Chile y otros países de Latinoamérica: Martín Matos Pardo, Director General Latam Sur de Prosegur, para quien se pidió una sanción económica de $ 135 mil dólares y Rui Sanches Da Silva, Cluster President Portugal y Latam de Loomis, con un monto de $ 94 mil dólares.
El informe detalla que se registraron sucesivas reuniones y contactos, que incluyeron viajes a Chile de los ejecutivos extranjeros para reunirse con competidores, así como intercambio de planillas Excel con registros de precios y negociaciones de tarifas, las empresas definieron conjuntamente los precios de sus servicios y un nuevo esquema tarifario.
Además, se especifica que la conducta afectó tanto a instituciones bancarias como no bancarias. Entre otros, el documento de la FNE da cuenta de que el acuerdo habría comprendido servicios asociados al pago de prestaciones sociales y a la Teletón del año 2018.
