Indígenas y campesinos de Ecuador bloquearon carreteras en seis de las 24 provincias del país el miércoles, en el segundo día de protestas contra la política económica gubernamental, que se desarrollan en medio de un estado de excepción por la violencia del narcotráfico.
La poderosa y opositora Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) decidió extender la protesta, impulsada principalmente por el alza de los precios de combustibles en 90% desde 2020 y que había comenzado el martes.
La Conaie, que participó en revueltas que derrocaron tres presidentes entre 1997 y 2005, bloqueó con piedras, tierra, troncos y neumáticos en llama varios puntos de la vía Panamericana a la salida norte de Quito, de acuerdo con reporteros de la AFP. Esa arteria desemboca en la frontera con Colombia.
Bloqueos en varias provincias
El diario local El Comercio reportó además cierres por manifestaciones en los ocho carriles de la avenida Panamericana Norte y Leonidas Proaño en Quito, además de bloqueos de vías en las provincias de Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo y Azuay.
Militares y policías patrullaron las vías, retirando los escombros y restableciendo el paso de vehículos como en la localidad de Otón, donde unos 20 camiones esperaban poder avanzar hacia el norte.
El Servicio Integrado de Seguridad ECU911 también reportó cortes de ruta en las provincias de Imbabura (norte de Quito), Bolívar y Chimborazo (ambas al sur) y la amazónica Pastaza (sureste).
Además de los cierres de carreteras, que no han paralizado a la nación, el martes hubo una marcha en Quito, en la que se dieron choques con la policía cerca de la sede del Ejecutivo.
Estado de excepción
“Ayer las Fuerzas Armadas y la Policía garantizaron el control y el orden respetando aquellas manifestaciones sin violencia. Hoy harán lo mismo y si mañana el desafío persiste, pues mantendremos el control”, expresó el presidente conservador Guillermo Lasso el miércoles en un acto militar en Quito.
Las protestas se desarrollan en medio de un estado de excepción por 60 días decretado el 18 de octubre para combatir la criminalidad ligada al narcotráfico, con un repunte de homicidios y masacres carcelarias que este año dejan más de 2.000 muertos en el país.
El gobierno, que también enfrenta una crisis económica agravada por la pandemia, desplegó entonces militares en las calles para apoyar a la policía en el combate a la violencia, sin suspender derechos como los de protesta y reunión.
El principal objetivo de las protestas es el precio de los combustibles, que en los últimos meses se ha disparado y forzado al presidente Lasso a poner freno al sistema instaurado en 2020 por su predecesor Lenín Moreno.
La discrepancia en estos momentos gira en torno a la fecha de congelación de los precios, pues el Gobierno la fijó con el de septiembre pero los movimientos sociales exigen la de junio, antes de la gran subida.
Otra demanda que mencionaron es la promesa electoral del mandatario de elevar el salario mínimo de 400 a 500 dólares, aunque este ya había advertido que lo haría de forma progresiva hasta 2025.
