La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de la gestión de la pandemia en Brasil aprobó este martes el informe final en el que se acusa al presidente, Jair Bolsonaro, de un total de nueve delitos, entre ellos el de “crímenes contra la humanidad”.
La CPI, instaurada en el Senado, ha dado luz verde al informe, elaborado por el principal relator de la comisión, el senador Renan Calheiros, por siete votos a favor y cuatro en contra, según recoge el medio brasileño G1.
La aprobación del informe, con la que la Comisión concluye seis meses de trabajo, supone la solicitud de imputación a un total de 78 personas, entre ellas Bolsonaro y dos empresas, por distintos delitos cometidos durante la pandemia del COVID-19.
El informe de casi 1.290 páginas será ahora remitido a la Justicia del país, al Tribunal Supremo, la Fiscalía brasileña y el Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya para que se valoren las solicitudes.
En concreto, el documento pide a estos organismos que se acuse a Bolsonaro de nueve crímenes relacionados con la pandemia, comisión de delito epidémico con resultado de muerte, violación de medidas sanitarias preventivas, curanderismo, prevaricación, empleo irregular de fondos públicos, incitación al delito, falsificación de documentos privados, delito de responsabilidad y delitos de lesa humanidad.
El informe elaborado por la Comisión incluye como pruebas imágenes del presidente animando a multitudes, declaraciones contra las vacunas o el apoyo del presidente a la cloroquina –medicamento ineficaz para el COVID-19–. También detalla el retraso en la adquisición de vacunas o la oposición del Gobierno a las medidas sanitarias, además del colapso del sistema.
Con respecto a Bolsonaro, también reclama a los abogados del Senado que exijan su salida de redes sociales debido a su “relevante papel” en la difusión de noticias falsas sobre la pandemia.
“La actuación de Bolsonaro se ha mostrado poco comprometida con la lucha efectiva contra la pandemia y, en consecuencia, con la preservación de la vida y la integridad física de miles de brasileños (…). En tiempos normales, sería solo un ejemplo de despreciable charlatanería pseudocientífica. Sin embargo, en medio de una pandemia global, (el presidente) colaboró para generar una tragedia monstruosa”, ha escrito Calheiros en el informe.
Por otro lado, en el texto se demanda también la acusación de los tres hijos del presidente, así como de ministros del Gobierno, entre ellos el actual titular de Salud, Marcelo Queiroga; o el ex-ministro del mismo departamento Eduardo Pazuello, así como el extitular de Exteriores Ernesto Araújo.
El informe también acusa a empresarios, médicos y diputados federales, además de a dos empresas que firmaron contratos con el Ministerio de Salud: Need Medicines y VTCLog.
Además, el gobernador de Amazonas, Wilson Lima, y el exsecretario de Salud del mismo estado, Marcellus Campelo, han sido añadidos este martes en una última actualización de la lista de acusaciones junto a otra decena de asesores y exfuncionarios del Ministerio de Salud. Amazonas ha sido una de las regiones más afectadas por la pandemia, llegando al total colapso de su sistema sanitario.
La aprobación del informe implicó siete horas de debate entre los senadores que componen la CPI, incluidos los aliados del Palacio de Planalto que han expresado su rechazado a incluir a Bolsonaro como responsable del empeoramiento de la pandemia.
Estos han refutado la tesis y han demandado una investigación sobre la actuación de gobernadores y alcaldes, si bien esta demanda no ha sido votada, ya que se ha dado luz verde primero al informe de Calheiros.
En concreto, han mostrado su apoyo al informe final los senadores Eduardo Braga, Humberto Costa, Omar Aziz, Otto Alencar, Randolfe Rodriguez, Tasso Jereissati y Calheiros. Por el contrario, han votado en contra Eduardo Girao, Jorginho Mello, Marcos Rogério y Luis Carlos Heinze, quien en la primera parte del debate ha sido incluido en la lista de acusaciones, pero, finalmente, se ha decidido eliminar su nombre en la parte final de la reunión.
Tras la votación, se ha proclamado el resultado y se ha llevado a cabo un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus en el país, una acción realizada a petición de la senadora Eliziane Gama.
La CPI no tiene poder para denunciar o castigar, pero la aprobación de su informe desencadenará la investigación de las instituciones competentes.
Brasil es uno de los países del mundo más castigados por la pandemia de COVID-19, con más de 21,7 millones de personas contagiadas y más de 600 mil fallecidos a causa de la pandemia, que ha sido minimizada repetidamente por Bolsonaro, quien se ha mostrado crítico con la imposición de medidas restrictivas y ha abogado por el tratamiento de la enfermedad con fármacos cuya ineficacia está demostrada por la ciencia.
