La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes, por 73 votos a favor, 48 en contra y 3 abstenciones, la cuarta solicitud del Presidente Sebastián Piñera para prolongar el estado de excepción constitucional de emergencia para cuatro provincias de la macrozona sur de Chile.
La anterior autorización de este estado fue solicitada el 6 de diciembre. Previo a esto, el Congreso ha debido pronunciarse en dos ocasiones frente a la solicitud del Gobierno para extenderlo.
Cabe recordar que esta medida, se originó en un decreto el 12 de octubre, prorrogado por la misma vía el 26 de ese mes. Desde allí, las siguientes declaratorias han requerido la consulta y aprobación del Congreso Nacional.
La iniciativa se justifica en la alteración del orden público, por el aumento de actos de violencia vinculados al narcotráfico, terrorismo y crimen organizado, según se ha reportado. Las provincias afectadas son Biobío y Arauco, en la región del Biobío; y Cautín y Malleco, en la de La Araucanía.
Para esta nueva prórroga, el documento reitera argumentos planteados en las solicitudes anteriormente respaldadas. Sin embargo, se lamenta que, pese a las medidas implementadas, aún existen hechos de violencia en la zona.
Si bien se reconoce la efectividad de la medida, se argumenta que no es suficiente, por lo que se requiere su prórroga. Sobre todo, considerando que es el Estado el que debe cumplir con su tarea de proveer seguridad a las personas.
Finalmente, pone en alerta que es la temporada de riesgo de incendios forestales. Argumenta que las brigadas de Bomberos y la Conaf han sido blancos de intimidaciones o atentados, por lo que sería necesario garantizar su resguardo.
Quienes estuvieron a favor de a la solicitud del Gobierno argumentaron que existe una demanda ciudadana por la extensión de la medida. Además, valoraron el trabajo realizado por las fuerzas armadas y las policías y estimaron que sería más necesario ahora que se encuentran en temporada de cosechas.
Por su parte, los diputados que intervinieron en contra insistieron en que la presencia de uniformados en la zona no soluciona el problema de fondo. En tal plano, plantearon que se necesitan políticas que mejoren los indicadores sociales que afectan a estas provincias.
