El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique condenó a Jaime Carlos Bravo Salinas y Jonathan Efraín Espejo Gómez a 15 años de presidio efectivo, en calidad de autores del delito consumado de homicidio simple. Ilícito perpetrado en octubre de 2019 en la comuna de Pozo Almonte.
El tribunal dio por acreditado que en horas de la tarde del 27 de octubre de 2019, la víctima llegó hasta un domicilio ubicado en calle Aldunate de la comuna de Pozo Almonte y al ingresar al inmueble, fue agredido con golpes de pies, puño y elementos contundentes por Bravo Salinas y Espejo Gómez. Golpes que, en definitiva, provocaron la muerte de la víctima debido a un traumatismo craneoencefálico.
Tras la agresión, los condenados trasladaron el cuerpo de la víctima hasta el sector del vertedero municipal de Pozo Almonte, lugar donde quemaron su cuerpo.
En tanto, el 8 de noviembre de 2019, en el marco de diligencias de investigación, personal de Carabineros ingresó al inmueble de los hechos, logrando encontrar oculto, en una especie de cueva o túnel bajo el suelo de la vivienda, a Bravo Salinas, “quien mantenía en su poder una bolsa con pasta base de cocaína a granel con un peso de 12,7 gramos brutos, junto a una tijera, un colador, una bolsa contenedora de papeles blancos cuadriculados, además de $79.950 y $85.400 en billetes de distinta denominación”.
Penas accesorias
En fallo unánime, el tribunal aplicó, además, a Bravo Salinas y Espejo Gómez las penas accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas.
Asimismo, Bravo Salinas deberá cumplir 541 días de presidio, la accesoria de suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, más el pago de una multa de 2 UTM como autor del delito consumado de tráfico de pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, cometido en noviembre de 2019, en Pozo Almonte.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de los sentenciados para determinar sus respectivas huellas genéticas e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.
