Setenta y siete personas de Tarapacá tendrán mejores condiciones para reinsertarse en la sociedad, luego que las gestiones de la Defensoría Penal Pública Penitenciaria llevaran a que se les aceptara sus postulaciones a la libertad condicional pues satisfacían los requisitos, entre esos el haber cumplido al menos la mitad de su condena en prisión y mantener una conducta acorde con los reglamentos de régimen interno de los penales de la región.
Ese número podría crecer, pues hay otros 16 expedientes que se encuentran en revisión ante la Corte Suprema de Justicia.
Los casos aceptados corresponden a parte de los 265 que en octubre del año pasado presentaron sus peticiones a la Comisión Regional de Libertad Condicional, ocasión en que apenas 4 fueron aprobadas. En la oportunidad, el fundamento entregado para rechazar más del 98 por ciento del total fue que no cumplían con las exigencias legales.
Tal situación activó el trabajo del equipo de Defensa Pública Penitenciaria regional, que presentó 164 recursos de amparo constitucional ante la Corte de Apelaciones de Iquique, los que en su mayoría debieron apelarse ante la Corte Suprema. Este último tribunal acogió las solicitudes de 73 personas, por lo que a esta fecha las aprobaciones llegan a setenta siete.
La libertad condicional es un derecho que tienen quienes ya han estado en prisión la mayor parte de su condena, registren conducta intachable y que los informes de Gendarmería especifiquen que tienen condiciones para poder reinsertarse en la sociedad. La comisión regional a cargo de decidir si los postulantes cumplen los requisitos está presidida por un ministro o ministra de la Corte de Apelaciones de Iquique e integrada por jueces de los tribunales Oral en lo Penal y de Garantía de la región.
La defensora jefa de la Oficina Penitenciaria de Tarapacá, María Sepúlveda, expresó que “la experiencia indica que es muy menor la proporción de internos que recaen en la delincuencia tras obtener este derecho, lo que es un balance positivo, pues es importante entender que el fin de la pena para las personas que cometen un delito es lograr la reinserción”.
La jurista explicó que en el actual proceso, ante las apelaciones presentadas, la Corte Suprema “resolvió que los informes emitidos por Gendarmería que hablan sobre los factores de riesgo de los internos no son categóricos, y más bien resultan ser positivos”.
