El ministro de Segpres, Juan José Ossa, en representación del gobierno, señaló su preocupación ante la solicitud de “coordinación y apoyo” de la Convención Constitucional para realizar la Consulta Indígena.
En un oficio enviado el 21 de enero, la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, señaló que el costo de la Consulta Indígena aumentó de mil 400 millones a 2 mil 400 millones de pesos.
También aseguró que recibirán apoyo de organizaciones de la sociedad civil, gobernadores regionales, entre otros, con dependencias y traslados, “lo que disminuye el costo total”.
El proceso formal de deliberación parte el 14 de febrero y los encuentros se extenderán hasta el 4 de marzo.
Ante el requerimiento de estas cifras, desde la Segpres señalaron que “nos preocupa que el 21 de enero de 2022 se haya señalado que se requeriría un presupuesto de más de $1.410 millones para la realización de la consulta indígena, según fue informado por la Secretaría de Participación y Consulta indígena a la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad”.
Lo anterior, ya que “dicho monto excede con creces la disponibilidad presupuestaria con que cuenta actualmente la Convención, incluso considerando el monto de $974 millones transferidos el año recién pasado al Consorcio de Universidad del Estado de Chile, que además de la consulta, deben utilizarse para la Secretaría de Participación Popular y Secretaría de Comunicaciones”.
Además, desde el ministerio señalaron que la preocupación en esta materia no es nueva, y que anteriormente se había propuesto una reunión para discutir los presupuestos 2022, pero en ese momento no estaban conformadas las secretarías, y por tanto, no había estimación de los gatos.
Para discutir esta situación, la Segpres solicitó una reunión de trabajo para este viernes 28 de enero, dónde están invitados los ministerios de Educación, Desarrollo Social y Familia, así como de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
