Recientemente, el Tribunal de Contratación Pública (TCP), declaró como ilegal la adjudicación de la Subsecretaría de Prevención del Delito, de cámaras corporales para Carabineros, gestión realizada bajo el mando de Katherine Martorell.
La licitación fue realizada en 2021 por la entidad, la que terminó siendo ganada por la multinacional Motorola. La transacción tuvo un costo de $378 millones.
La información consignada por Tu Día de Canal 13, indica que la decisión fue tomada la semana pasada, luego que la empresa Pegasus, otra de las empresas que competía en la licitación, denunciara discriminación como oferente.
El caso data cuando la subsecretaría en cuestión, realizó una licitación para adquirir 300 cámaras corporales para Carabineros, oficializada en el portal Mercado Público, a la que postularon ocho empresas, destacándose entre ellas Motorola y Pegasus.
Estas cámaras tenían un requisito, una característica técnica específica, para poder adjudicársela, la cual se basa en que los aparatos debían contar con pre y post grabado de 120 segundos respectivamente.
Según lo alegado, Motorola no cumplía con las características técnicas para ser evaluada por la Comisión Revisora de la entidad. Cabe mencionar, que la empresa interpuso una querella contra la subsecretaría y Martorell, argumentando que ofrecía un producto que se acomodaba mejor a lo requerido por la autoridad, y a menor precio.
Finalmente, el Tribunal determinó que la subsecretaría actuó fuera de las normas de Contratación Pública. Por otro lado, evitó que las arcas fiscales se vieran afectadas, ya que luego de la adjudicación puso las cámaras en regla.
Además, aseguró que hubo una demora en la puesta en marcha de los productos vendidos por Motorola, y que no es claro que se aplicaran multas por esto.
