Luego de 10 horas y tras protestas de extranjeros concluyó el domingo el primer proceso de “reconducción” establecido en la Ley de Migraciones cuyo reglamento fue publicado el sábado en el diario oficial.
Cabe recordar que el artículo 131 de esta nueva ley, menciona que el extranjero que ingrese al país mientras se encuentre vigente la resolución que ordenó su expulsión, abandono o prohibición de ingreso al territorio nacional será reembarcado de inmediato o devuelto a su país de origen o de procedencia en el más breve plazo.
En el inciso segundo indica que “Asimismo, el extranjero que sea sorprendido por la autoridad contralora intentando ingresar al territorio nacional eludiendo el control migratorio, ya sea por pasos habilitados o no, o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona, contraviniendo la prohibición de ingreso del número 3 artículo 32, previa acreditación de su identidad, será inmediatamente reembarcado o reconducido a la frontera, según corresponda, debiendo en este último caso informar a la autoridad contralora del país vecino colindante al paso fronterizo por el cual se intentó el ingreso y estableciéndose a su respecto una prohibición de ingreso provisoria de seis meses”.
En este contexto, el domingo inició el proceso de reconducción de migrantes que habían ingresado por el sector del Complejo Fronterizo Integrado de Colchane, lo cual se vio dificultado debido a que trabajadores aduaneros de Bolivia no permitieron el regreso inmediato de estos migrantes, quienes a su vez impidieron el tránsito de camiones de ese país para exigir respuestas ante la situación.
Pese a las complicaciones, el proceso de reconducción se pudo llevar a cabo en Colchane, por el cual debieron abandonar el país 41 personas adultas que habían sido sorprendidas cruzando por pasos no habilitados: 31 venezolanos, 8 colombianos y 2 bolivianos. Proceso que fue calificado como exitoso por el delegado de la provincia del Tamaruga, Natan Olivos; sin embargo, desde el municipio de Colchane informaron que otros grupos de migrantes continuaron ingresando por los costados y los migrantes reconducidos ayer, habrían vuelto a ingresar al territorio nacional.
Reunión en la ONEMI
Mientras que hoy lunes el delegado presidencial regional de Tarapacá, Miguel Quezada, se reunió con el almirante José Luis Fernández, jefe del Comando Conjunto Norte; el general Lionel Curti, comandante en jefe de la VI División de Ejército; el prefecto de Carabineros, coronel Andrés Arenas y el jefe subrogante región de Tarapacá de la Policía de Investigaciones, prefecto Ernesto León con el fin de analizar los efectos que tiene la aplicación del Decreto 265 en la frontera.
El delegado presidencial precisó que como todos los lunes “realizamos nuestra reunión técnica de protección civil, que tiene como objetivo revisar todo el quehacer respecto de la pandemia y otros temas de la región”.
Tras ello, “analizamos todos los efectos que está teniendo el Decreto 265 en la frontera. Entre otros temas, vimos cómo se llevó a cabo la reconducción el domingo de 39 personas que habían entrado por pasos no habilitados, cómo se seguirá implementando esa tarea, la relación que tenemos con Bolivia, y adicionalmente partimos con la planificación de lo que va a significar el despliegue de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad en la provincia del Tamarugal pero también en cada una de las comunas de la región”, dijo Quezada.
Decreto 265
Desde la delegación informaron que el Decreto 265 amplia la colaboración de las Fuerzas Armadas con las autoridades civiles, con las Fuerzas de Orden y Seguridad no sólo para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, sino que también para combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes que efectúan bandas de crimen organizado que no respetan ni la vida ni los derechos ni la dignidad de los migrantes. Mediante la modificación al Decreto 265, las Fuerzas Armadas prestarán apoyo logístico, tecnológico y de transporte a las Fuerzas de Orden y Seguridad en el control de las fronteras.
El Decreto consta de dos artículos:
Artículo 1°: Autorízase la colaboración de la Fuerzas Armadas con las autoridades civiles y policiales competentes para actuar en relación a actividades que se vinculen tráfico ilícito de migrantes, y al narcotráfico y crimen organizado transnacional, en el marco de las facultades que la Constitución y la ley les otorguen, en zonas fronterizas del territorio nacional. El Ministro del Interior y Seguridad Pública evaluará la forma en que las policías emplean la colaboración mencionada y se coordinará con el Ministro de Defensa Nacional para la eficacia de la misma.
Artículo 2°: Para materializar la referida colaboración, delégase en el ministro de Defensa Nacional, la facultad de suscribir, por orden del presidente de la República, los decretos supremos que ordenen la organización y distribución de unidades de las Fuerzas Armadas, que tengan por objeto el despliegue de unidades aéreas, terrestres y/o marítimas para prestar apoyo logístico, de transporte y tecnológico, en zonas fronterizas del territorio nacional.
Asimismo, el ministro de Defensa Nacional podrá nombrar los mandos militares que asumirán el control operacional de las unidades que se asignen en virtud de lo dispuesto en este artículo. Se entiende por “control operacional” la facultad delegada a un comandante para planificar y conducir las actividades de las fuerzas asignadas, de manera que pueda desempeñar misiones o actividades específicas, limitadas por función, tiempo y lugar.