El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica condenó a Anderson Trujillo Fernández a la pena de 10 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor del delito tentado de tráfico de drogas ocurrido en abril del año pasado, en la ciudad.
El tribunal dio por acreditado, que aproximadamente a las 21 horas del 20 de abril de 2021, personal antinarcóticos de la Policía de Investigaciones fue alertado por funcionarios del Ejército sobre una camioneta que había cruzado el sector de la línea de la Concordia a la altura del Hito 9, que aproximó a un camión de alto tonelaje y, en medio de la oscuridad, el conductor del vehículo menor entregó unas cajas al chofer del camión para, posteriormente, internarse nuevamente por el desierto con dirección a Perú.
Los funcionarios policiales fiscalizaron el camión en la intersección de la ruta 5 Norte, a la altura del aeropuerto Chacalluta, el cual era conducido por Edwin Colque Condori y que transportaba ocultos en un cargamento de paltas, tres contenedores con de tres kilos de clorhidrato de cocaína, 12 contenedores que arrojaron un peso de 12 kilos de pasta base de cocaína y siete contenedores que contenían 11 kilos de cannabis sativa.
Colque Condori fue trasladado a la unidad policial, recinto donde de manera espontánea informó que la droga debía entregarla a sujetos desconocidos en el sector del “Truck Center”, ubicado en el kilómetro 1 del valle de Lluta, previa coordinación con un tercero apodado “Bambino”. El fiscal otorgó al imputado Colque Condori la calidad de informante encubierto y relevador, con el objetivo de hacer una entrega controlada de la droga.
En dicho contexto, a las seis de la mañana del 21 de abril, Anderson Trujillo Fernández se aproximó al lugar convenido para recoger el cargamento de sustancias ilícitas, activándose el procedimiento policial que permitió su detención.
En fallo unánime, el tribunal aplicó además, a Trujillo Fernández, las penas accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares por el tiempo de la condena; más el pago de una multa de 40 UTM.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.
