El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica condenó hoy lunes 7 de marzo a Carlos Martín Pinchi López y Javier Benites Castillo a la pena de 4 años de presidio, en calidad de autores del delito consumado de tráfico de drogas perpetrado en junio del año pasado en la ciudad.
Por cumplirse los requisitos legales, el tribunal sustituyó el cumplimiento de las penas privativas de libertad de los condenados, de nacionalidad peruana, por la expulsión del territorio nacional por el término de 10 años. “En caso de que los condenados regresen al territorio nacional dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, se revocará la pena de expulsión, debiendo cumplirse el saldo de la pena privativa de libertad originalmente impuesta, sirviéndoles de abono el tiempo que han permanecido privados de libertad con ocasión de esta causa”, advierte la resolución.
El tribunal dio por acreditado que en horas de la madrugada del 4 de junio de 2021, personal policial realizaba patrullajes preventivos en el sector de pampa Gallinazo, a la altura del hito Nº 18 al 22, divisando en el sector de pampa Colorada a cuatro personas que habían ingresado por paso no habilitado al territorio chileno.
Al ser controlados, verificaron que el acusado Pinchi López mantenía en su poder una mochila verde de material sintético en cuyo interior habían cuatro paquetes rectangulares de papel de aluminio contenedores de cocaína base con una pureza de 90 a 93% y clorhidrato de cocaína con un porcentaje de pureza de 96%, todo con un peso bruto de 5.260 gramos y neto de 4.950 gramos. Mientras que el acusado Benites Castillo mantenía en su poder una mochila color verde en cuyo interior mantenía tres paquetes rectangulares de nylon color negro y cinta adhesiva transparente contenedores de clorhidrato de cocaína con una pureza de 87 a 91%, con un peso bruto de 8.530 gramos y neto de 7.450 gramos.
En fallo unánime, el tribunal aplicó además a Pinchi López y Benites Castillo las penas accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos mientras dure la condena; más del pago de una multa de 10 UTM cada uno ($555.370).
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de los sentenciados para determinar sus respectivas huellas genéticas e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados. Además, se decretó el comiso de las especies incautadas en la causa.
